La Tercera
Parece que ya no nos sorprende que cada cierto tiempo un puñado de encapuchados destruya la propiedad pública y se enfrente con personal policial. Eso es lo que ocurrió durante el último 11 de septiembre en la capital.
Es cierto que no hay un solo remedio para evitarlo, pero sí es claro que hay una vía para asegurar que actuaciones como estas se repitan: descuidando el resguardo de las policías en el ejercicio legítimo de sus funciones. En otras palabras, deslegitimar el uso de la fuerza en contra de manifestantes violentos. Y para que ello no ocurra, el relato y el soporte político son tan importantes como lo que el derecho y la labor de los jueces puedan decir al respecto.
Esto último es lo que hace un conjunto de decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos. La sentencia más reciente en que ello puede apreciarse es de mayo pasado. En un control carretero, un policía de Memphis detuvo a un vehículo que tenía apagada una de sus luces delanteras. Cuando le ordenó bajar, el conductor, Donald Rickard, inició una veloz huida. Todo terminó tras una persecución en la que mueren Rickard y su copiloto, tras una balacera. La Corte Suprema, por unanimidad, consideró que no podía sancionarse a los policías que intervinieron, pues habían usado en este caso un nivel de "fuerza razonable" para los hechos. Igual tendencia se aprecia cuando ocho de los nueve jueces de la Corte Suprema, esta vez el 2007, consideraron que es razonable que un policía embista por atrás a un vehículo en pleno escape, a fin de lograr que éste se detenga. La regla aplica incluso si de ello se deriva un daño físico permanente para el chofer.
Es lógico, dice el fallo de este año, que "si los agentes de policía están justificados para disparar a un sospechoso con el fin de poner fin a una grave amenaza para la seguridad pública, ellos no tienen que dejar de disparar hasta que la amenaza haya terminado".
Sentencias como esta muestran que la política y el derecho en Estados Unidos han tratado de configurar una suerte de frontera, a fin de distinguir entre la brutalidad policial y el uso de la fuerza razonable. No hay y tal vez nunca lo haya, una línea divisoria indiscutible. Lo valioso es que al menos intentan dibujar una que permite hacer la distinción.
¿Y cómo andamos por casa? Aquí las policías, enfrentando disturbios públicos, se mueven entre la timidez y las explicaciones. Para un sector pareciera que la razonabilidad en el uso de la fuerza nunca está con las policías cuando se usa en las calles frente a encapuchados o en los campos de La Araucanía. Es por eso que fue tan criticado por el actual oficialismo el proyecto que envió el gobierno del ex Presidente Piñera, a fin de proteger con especial atención a las policías.
En Chile necesitamos con urgencia dar forma a una frontera que permita hacer uso de la fuerza cuando las policías se enfrentan a grupos que no temen usar la violencia, sea a través de tomas o por medio de la violencia física. Y esta frontera, nos dice el sentido común, debe proteger a quien resguarda el orden público y no a quien quiere alterarlo.
