La Tercera
Se ha dado a conocer por este medio el proyecto de algunos diputados destinado a cambiar el sistema bicameral que existe hoy en nuestro país -y que ha existido al menos desde 1822-, por otro unicameral; es decir, un Congreso Nacional con una sola rama, la que debiera concentrar en sí misma los trámites de formación de la ley, las facultades de fiscalización de los actos del gobierno, la acusación constitucional a los funcionarios que la Carta Fundamental señala, resolver tales acusaciones y, en general, las restantes que hoy la misma Constitución reparte entre el Senado y la Cámara de Diputados.
Al margen de las bondades que un sistema como el señalado supone, llama la atención que una proposición como la expuesta pueda provenir de miembros de la Cámara, en especial, en momentos en que su actuación en el estudio y despacho de leyes de la mayor relevancia para el futuro del país ha dejado bastante que desear, siendo por ello objeto de críticas más que justificadas.
Especial interés, al menos para varios académicos interesados en políticas públicas y en su implementación, nos generó la forma cómo se tramitó en esa rama del Congreso el proyecto sobre reforma tributaria y su aprobación a fardo cerrado por una mayoría circunstancial, sin reparar los errores, inconsistencias y restantes cuestionamientos de mérito o de fondo, circunstancias que ocasionaron un cúmulo tan alto de indicaciones en el Senado, que sumadas dan por resultado si no un proyecto de ley nuevo, al menos uno sustancialmente modificado respecto del anterior, repito, aprobado en primer trámite casi intocado por la Cámara de Diputados.
Una reforma tributaria como la que ha propuesto el gobierno al país no debiera jamás ser despachada del modo hipereficiente por la Cámara Baja, origen obligado, por lo demás, para esa clase de leyes, conforme con la Constitución vigente. Ese trámite exprés, tan aplaudido en su momento por el presidente de la respectiva Comisión de Hacienda, derivó en cuestionamientos a la imagen de los mismos diputados, a la profundidad de sus estudios, análisis y conocimientos acerca de cuestiones tan relevantes como son, por ejemplo, las relativas a impuestos, su incremento sustancial, su fiscalización y los efectos posibles que ellos ocasionarán a la economía del país.
Insisto en que un Parlamento unicameral es ciertamente una institución con muchísimas bondades y bien vale la pena estudiar profundamente las experiencias comparadas, pues las hay cercanas, Perú en Sudamérica, y más alejadas, Suecia, Dinamarca y Estonia, entre otros.
Si se quisiera establecer en Chile, necesariamente las exigencias a quienes quieran ser sus miembros debieran ser de todos modos -y dada la experiencia tributaria reciente- mucho más parecidas a las que hoy existen para los senadores que para los diputados, y quizá, más rigurosas o exhaustivas. Aun así, se correría el riesgo de la aprobación de leyes originalmente malas o dañinas para el país, efectos que la existencia de dos ramas ha contribuido, en nuestro caso, a prevenir.
