El Mercurio
El 26 de junio recién pasado ha sido aprobada en la ONU una resolución de "Protección a la familia", en la que se reconoce su trascendencia como núcleo fundamental de la sociedad y su derecho a la protección por parte del Estado y de la sociedad. Asimismo, la resolución resalta que ello se debe a la relevante tarea que le concierne en el desarrollo de los niños, en cuanto a que la familia tiene la responsabilidad primaria por los mismos, y el ambiente que en ella se dé incide en el forjamiento de su personalidad.
Se trata, por cierto, de una resolución histórica, pues pone al centro de la preocupación de ese organismo y de los estados que lo conforman a la familia, que entre tantos conflictos políticos y económicos existentes en el mundo, resulta muchas veces preterida en la agenda pública.
Sorprende, entonces, que haya sido aprobada con 14 votos en contra, y que uno de ellos haya sido el de nuestro país. Primero, porque esa resolución coincide con el sitial absolutamente preferencial en que los chilenos ponemos a la familia en nuestras vidas, como resulta de todos los estudios y encuestas que revelan que, de forma absolutamente mayoritaria, se declara que en ella obtenemos nuestras mayores alegrías y que por ella estamos dispuestos a los mayores sacrificios.
Segundo, porque esa resolución no es sino repetición de lo que la Constitución y la Ley de Matrimonio Civil parten por reconocer, ambos en su primer artículo. De este modo, correspondería alegrarse de que a nivel internacional se reconozca lo que en el ámbito interno ha sido proclamado desde hace décadas.
Sorprende finalmente, y esto es vital en el presente y hacia el futuro, porque es indudable que al Estado incumbe una acción decidida en hacer posible que cada vez más un mayor número de niños pueda crecer en un entorno familiar estable que le permita el mayor desarrollo al que está llamado a tener. No se trata, por cierto, de que el Estado se inmiscuya en la vida familiar, que es soberana, sino de que la potencie, en especial para aquellos que, por distintas razones, se encuentran impedidos o tienen mayores dificultades para hacerlo por sí solos. Y en ello hay un gigante pendiente en nuestro país, donde la familia ha estado, en general, ausente de las políticas públicas. De hecho, tan evidente es ello, que ni siquiera contamos con los datos duros necesarios para hacer un diagnóstico acucioso de cuáles son los concretos problemas y desafíos que experimenta la familia en Chile, ciertamente muy distintos a los de muchos países cuyas legislaciones en materia de familia simplemente nos limitamos a reproducir, muchas veces sin efectuar siquiera la necesaria adaptación a nuestra realidad.
La sorpresa es aún mayor si se tiene presente que son tantas las políticas públicas en favor de la familia que podrían promoverse en un país que, con todas las transformaciones que ella haya podido experimentar, sigue contando con una red familiar vigorosa que debe ser protegida en términos de posibilitar que ella siga existiendo para las generaciones futuras.
De hecho, bien puede afirmarse que, en muchos ámbitos, el Estado no hace lo suficiente, porque descansa, en gran parte, en esa red familiar. Y nada se está haciendo por fortalecerla directamente, aun cuando sabemos que ella puede marcar la diferencia en el desarrollo escolar de un niño, en la recuperación de un enfermo, en la rehabilitación de un discapacitado y en tantos otros aspectos que estas breves líneas impiden referir.
¿Cómo se reconoce el aporte social que efectúa una familia numerosa, alentando el que nuevas familias se animen a serlo? ¿Dónde está la preparación prenupcial que ayude a los novios a tomar conciencia de lo que el matrimonio realmente implica, del compromiso que la vida conyugal importa? ¿Dónde está el acompañamiento preventivo a la crisis o la ruptura matrimonial? ¿Dónde está el apoyo concreto a la familia que tiene un miembro discapacitado? ¿O a la que tiene una niña con habilidades especiales o un niño con talento deportivo, pero cuya familia carece de los medios para poder potenciarlo?
Son tantas las líneas de desarrollo de políticas públicas específicas, en las que existe evidencia internacional útil, que sorprende que no se vea la trascendencia que su reconocimiento tiene en un organismo tan importante como Naciones Unidas, en cuanto incentivo esencial que permite justificar el trabajo acelerado por elaborar esas políticas que, lejos de dividirnos, nos convocan transversalmente, porque corresponden a necesidades reales de los chilenos.
Es de esperar, entonces, que esta votación inexplicable pueda ser enmendada por la promoción interna de un trabajo conjunto en algunos de los cientos de líneas posibles en favor de la familia, en las que ciertamente somos muchos los dispuestos a aportar.
