El Mercurio Legal
En la última columna que el profesor Vergara Blanco publicó en este mismo medio, describe, entre otras cosas, la misión fundamental de los juristas o lo que él sindica como sus tareas principales.
Vergara también apunta a que no es posible desempeñar, "al mismo tiempo", los roles de jurista y de activista político. Comparto esa opinión: la lógica, la metodología y los fines de esas funciones exhiben diferencias tan esenciales que no procede desnaturalizar —o en el extremo, traicionar— a la una si, en los hechos, se está ejerciendo la otra. Ello no resultaría honesto y podría inducir a la confusión a lectores poco avezados.
Su posición, sin embargo, pareciera ir mucho más allá de lo dicho, y en esa parte sí me parece posible discrepar —y discrepar enfáticamente— de su tesis.
Según Vergara, "el jurista no suele tener ni interés ni vocación para hacer activismo político; sería una suerte de desnaturalización de su rol social. Tal activismo debe estar muy lejos de las labores de los juristas: siempre he considerado la labor de jurista como antitética a la de un activista político".
A mi juicio, no hay inconveniente alguno en que un jurista opine —y escriba— también de política contingente; salvo, claro está, que pretenda revestir de jurídicas opiniones que son políticas; o sostener sus argumentos con el prestigio y la autoridad que ha ganado en otra área.
¿Por qué el jurista no podría incursionar en disciplinas ajenas a la propiamente jurídica? ¿En virtud de qué principio o razón sería contradictorio que interviniera activamente en la vida política, si no lo hace en tanto jurista, sino en cuanto ciudadano? ¿Cuál sería el argumento que justificaría, en último término, la antinomia que plantea Vergara, entre 'ser o no ser'?
En los años 20 del siglo recién pasado, Hans Kelsen escribía: «no hay dudas que el ideal de la mayor igualdad posible es un ideal democrático. Y es por eso que sólo la socialdemocracia es una democracia perfecta». ¿Podría acaso decirse que con esos escritos el gran jurista austríaco traicionó su vocación jurídica o puso en riesgo su aporte a la ciencia del derecho?
Y si observamos la realidad nacional, ¿se podría concluir que las opiniones esencialmente políticas manifestadas en diversas ocasiones por Eduardo Novoa, Juan Bustos o Pablo Rodríguez anulan la contribución que, en cuanto juristas, ellos mismos han hecho a la dogmática nacional?
La opinión que el profesor Vergara Blanco expresa en su columna es, por eso mismo, perfectamente respetable pero esencialmente subjetiva, no simplemente porque yo no la comparta, sino principalmente porque los porfiados hechos la invalidan.
En este sentido, Vergara es un jurista que, en esta ocasión, incurrió en un error semejante al que condena: hablar, con el peso de la autoridad, de algo que en último término tiene que ver con su propia sensibilidad, y no con el quehacer propio del jurista.
