Pulso
Tres meses lleva la actual administración trabajando en el desarrollo de un reglamento que pondrá en práctica la ley de lobby, al menos en el aparato central.
A pocos días de comenzar su vigencia, ya que el código interno está siendo evaluado por Contraloría, tras su consulta pública, La Moneda se atrevió a aventurar cuáles serían las modificaciones que podría ingresar al Parlamento.
El diagnóstico fue expuesto ayer por la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, en el seminario "Ley de Lobby: Impactos de su implementación". Allí la titular de Segpres destacó que si bien la ley es un "paso más en la arquitectura institucional de transparencia", considera que se deben introducir modificaciones que, confiesan desde el ministerio, podrían ingresar algunas en segundo semestre.
La primera dice relación con una definición más acabada del sujeto pasivo del lobby, es decir, quien recibe la influencia para modificar determinada acción o decisión. Actualmente, en la norma aprobada y aún sin entrar en vigencia, el sujeto pasivo es la autoridad, su equipo de asesores y algunos que se inscriban como eventuales sujetos afectos a dicha práctica. También Rincón aseguró que es necesario desarrollar un detalle más completo de las acciones que constituyen lobby, ya que —incluso los expertos hacen hincapié en esto— no se regulan los llamados telefónicos o correos electrónicos que busquen influir en decisiones, y tampoco en las reuniones fuera del horario y lugar de trabajo. Otra de las modificaciones que está alistando el Ejecutivo, y que Rincón enunció como eventual cambio, es la creación de un estatuto diferenciado para lobbistas habituales, en el que se deben incluir, previa y automáticamente, todos aquellos que reciban remuneración por desempeñarse en el campo de la influencia, además de presentar una labor reiterada en el tema.
Dentro del análisis hecho por Rincón se incluye la intención de La Moneda de perfeccionar los mecanismos para asegurar el cumplimiento de la ley. En este punto se estudia entregar facultades al Consejo para la Transparencia para fiscalizar y sancionar a los sujetos activos de lobby que vayan en contra de la ley, y no como actualmente se propone en la normativa, donde el consejo sólo se encarga de consolidar las agendas públicas de las autoridades. Asimismo, ley promulgada en marzo de este año establece sanciones para la autoridad que no cumpla con informar adecuadamente sobre los detalles de su agenda, con multas que van de las 10 a las 30 UTM, para faltas simples, y de 20 a 50 UTM, para faltas calificadas. La idea del gobierno es incluir sanciones también para el sujeto activo que no informe con anterioridad los motivos con los que se acerca a la autoridad, o que se extralimite a ellos en cualquier gestión particular de intereses.
Otro de los puntos destacados por la secretaria de Estado es que es necesario incluir en el marco normativo de transparencia, la regulación de los donativos en la política. "No podemos seguir obviando la política y su financiamiento", finalizó.
TRES PREGUNTAS A: Alejandro Ferreiro Ex presidente del Consejo para la Transparencia
1 ¿Es una buena ley de lobby o tiene falencias? —La eficacia de una ley de lobby va a ser siempre limitada. Es imposible regular las múltiples formas de interacción. Esta norma regula razonablemente bien.
2 Pero ¿qué pasa con los llamados y los correos? —Hay un riesgo de regular las interacciones formales; que algunos se vean tentados a usar formas de interacción extraoficiales, que son muy difíciles de regular.
3 ¿El gobierno debería esperar antes de cambiarla? —Parece conveniente dejar que evolucione y que en su implementación se evidencien sus fortalezas y debilidades.
