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El ex ministro de Hacienda Andrés Velasco dijo ayer que la reforma tributaria que impulsa el Gobierno 'ha sido mal tramitada y ha tenido un origen que deja bastante que desear'. Para el ex colaborador del primer Gobierno de Michelle Bachelet, el proceso político que ha acompañado este debate 'no ha dado el ancho'.
Para el economista, la iniciativa no cuenta con estudios 'para un análisis en particular, sus impactos en el ahorro, la inversión y el crecimiento'.
Además, dijo que la forma en que la administración ha tramitado el proyecto 'ha dado poco espacio para la discusión y, por ende, para la propuesta de alternativas que perfeccionen la iniciativa'. Agregó: 'El proceso político no ha dado el ancho'.
Para Velasco, quien participó ayer en el foro '¿Cuál es el verdadero impacto de la Reforma en la economía? del programa de magíster en Derecho UC y la Facultad de Derecho UC', los dos problemas de origen de la reforma son una frustración creciente con la carga tributaria y la fórmula utilizada.
La reforma 'es fruto de un ambiente de frustración frente al sistema tributario, donde gobiernos anteriores trataron de corregir los abusos que realizan las compañías por fallas del sistema, pero no contaron con los votos necesarios', dijo el economista.
Velasco agregó que el segundo factor es 'cómo se llegó a esta fórmula. La abolición del FUT, entre otros elementos, no fue una decisión del ministro (de Hacienda, Alberto) Arenas ni de la Presidenta. Más bien respondió a un acuerdo tomado entre los partidos de la Nueva Mayoría antes de que Bachelet volviera al país'.
Esa decisión, de acuerdo al ex candidato presidencial en la primaria de la Concertación, 'fue tomada sin mayor análisis y sin estudios'.
Velasco comparó la tramitación del proyecto de reforma tributaria con el proceso que se llevó a cabo en la reforma de pensiones del primer Gobierno de Bachelet, que surgió del trabajo de la Comisión Marcel.
En esa instancia, según el ex ministro de Hacienda, hubo una discusión de años, 'con reflexión y deliberación'.
'Ese fue un proceso que se hizo en base a una decena de estudios y la discusión se desarrolló durante años, por lo que tuvo una génesis de harta reflexión, análisis y deliberación. En cambio, los cambios tributarios propuestos tienen un origen distinto, ya que ha sido mucho menos deliberativo', aseguró.
Luego de recibir al comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, afirmó que 'hemos reiterado nuestra disposición al diálogo y el debate por los intereses grandes de Chile', ad portas del inicio, la próxima semana, de la presentación de la reforma en el Senado.
'Entendemos que la reforma tributaria es un avance importante que permite financiar con ingresos permanentes, gastos permanentes, como los de la reforma educacional', agregó el secretario de Estado.
Respecto de las propuestas que entregó la CPC en la reunión, el jefe de las finanzas públicas dijo que el gremio empresarial 'reiteró materias que están relacionadas con la reforma tributaria, que es un debate que nosotros vamos a llevar a partir de la próxima semana en el Senado y que, por cierto, el Ejecutivo tiene toda la disposición a estudiarlos en todo el mérito'.
La propuesta tributaria contempla el alza (20% al 25% del impuesto a las empresas; impuestos correctivos, medidas para contrarrestar la evasión y la elusión tributaria y el fin del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT).
Fontaine coincide en críticas
El ex ministro de Economía. Juan Andrés Fontaine, coincidió con Velasco y aseguró que "no hay estudios" que sustenten el alza de impuestos. "La reforma se ha planteado sin ningún debate serio y profundo de sus consecuencias, y plagado, en la presentación de las ideas, de una cantidad de inexactitudes que se siguen repitiendo", afirmó el ex ministro. El economista agregó que el debate ha sido positivo, ya que ha logrado traspasar a la sociedad el análisis de un cambio tributario.
-US$ 8.200 millones recaudaría la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, que se discutirá en el Senado.
-3% del PIB es lo que pretende recaudar el Ejecutivo a través de la nueva carga tributaria propuesta.