La Tercera
José Antonio Gómez aporta al Ministerio de Justicia dos activos que serán muy importantes a la hora de sacar adelante la agenda que le espera. Si, por una parte, el hecho de conocer directamente la forma en que funcionan las instituciones ligadas a la Justicia le facilitará poner en marcha, rápido, un conjunto de urgentes modernizaciones; la circunstancia de tener un potente bagaje político y parlamentario, por otra parte, le ayudará generar los acuerdos parlamentarios requeridos para indispensables reformas legislativas.
Seis me parece que son los principales desafíos que esperan al equipo que desde ayer se instaló en el historiado edificio de Morandé 107.
La principal tarea, me parece, consiste en cumplir con el compromiso programático consistente en impulsar un nuevo sistema de asistencia jurídica para Chile. Aun cuando yo tengo una visión muy positiva sobre los esfuerzos que se hacen en las Corporaciones de Asistencia Judicial por asegurar el derecho a la defensa de los vulnerables, me parece que es indispensable avanzar hacia fórmulas con mayor y mejor cobertura territorial, más personal profesional (y no sólo más abogados) y más recursos. Este cambio permitirá dar una mejor respuesta a los reclamos que nacen del derecho fundamental de todo chileno a acceder a la justicia.
Un segundo objetivo está dado por la necesidad de coronar la reforma a nuestro centenario sistema procesal civil. En este terreno, es muy importante aprovechar las reflexiones y discusiones de los últimos cinco años. De esta manera, y más allá de que pudieren hacerse cambios a lo ya aprobado en el primer trámite legislativo, me parece clave no desdeñar aquellos acuerdos mayoritarios que ya han cristalizado.
También en el plano legislativo, creo que es imperativo avanzar en la reforma sustantiva del Código Penal sustantivo. Convencido de la importancia de sumar transversalmente las energías y las voluntades, me parece que el nuevo gobierno tiene que tener a la vista, y aprovechar, el proyecto, que, este lunes recién pasado, presentó como testimonio de despedida el gobierno saliente. Más allá de algunas diferencias importantes que tengo con esa postrera iniciativa de la administración Piñera, ella recoge valiosas ideas nacidas de la reflexión de un sector relevante de nuestra doctrina nacional.
El nuevo ministerio deberá, en cuarto lugar, establecer una política de diálogo eficaz con el Ministerio Público. Existe consenso en la necesidad de fortalecer al ente persecutor. Es indispensable dejar atrás el clima de acusaciones y sospechas que han marcado la relación entre el gobierno Piñera y la dirección de Sabas Chahuán. Con pleno respeto a la independencia del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia debiera ser un socio constructivo en la búsqueda de acuerdos sobre estructura, carrera funcionaria, estímulos, etc., que permitan allegar los recursos que urgentemente necesitan nuestros fiscales.
El ministerio debe seguir promoviendo políticas, programas y reformas que apoyen la situación de los grupos familiares. Este desafío comprende, entre otras cosas, un reestudio de la forma en que estamos respondiendo como sociedad a las situaciones de abuso y violencia domestica, el despacho de una normativa que regularice, en dignidad, la realidad de las uniones no matrimoniales.
Finalmente, el ministerio tendrá que avanzar en aquellos ajustes orgánicos que le permitirán al Estado de Chile robustecer su compromiso con los derechos humanos: Subsecretaría de los Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo.
