La Tercera
¿Será por fin el tiempo para la autonomía de la Defensoría Penal Pública? Frente al énfasis expresado por el Presidente de la Corte Suprema en la necesidad de establecer en el país una Defensoría Pública que cuente con el mismo rango que el Ministerio Público, como una institución constitucionalmente autónoma, sólo cabe mostrar coincidencia.
Ojalá sea la ocasión para que por fin a la Defensoría se le entregue la autonomía constitucional que desde un inicio debió ostentar. La única manera de establecer igualdad de armas entre partes en el proceso penal, evitando el riesgo de intromisiones políticas o debilidades en la defensa, es asegurando una institucionalidad que pueda enfrentarse con libertad e independencia, y garantizando, a su vez, estos principios a sus abogados.
Lamentablemente se han observado cuestionamientos al Ministerio Público, incluso por el ex Fiscal Nacional, de alguna manera, por abusar de los límites de la autonomía constitucional con la que cuenta, por lo que es evidente que es necesario aclarar y demarcar los alcances de la misma si se le otorga a la Defensoría Penal Pública.
No sólo deben autoimponerse límites por la autoridad y determinar un control interinstitucional y popular -por mecanismos fijados por la ley, así como por los propios fines de la institución y el funcionamiento del proceso-, sino establecer mecanismos que permitan realizar evaluaciones externas del desempeño. Una autonomía que deba rendir cuenta a la ciudadanía de manera obligatoria y detallada, no atenta contra la independencia de la que debe gozar esta institución, y asegura transparencia y responsabilidad en sus decisiones y gestión.
Señaló también el presidente de la Corte Suprema, que era necesaria una Defensoría que atendiera materias de carácter penal, civil, de familia y laboral.
No está en discusión que es imprescindible asegurarle a la ciudadanía la defensa letrada de sus intereses y derechos en todos los ámbitos sociales que se expresan jurisdiccionalmente, y también imprimir a la institucionalidad que exista o se cree para dar cuenta de aquello, los estándares de calidad y excelencia que se han diseñado y cumplido en la Defensoría Penal Pública.
Sin embargo, parece más conveniente hacerle frente con entidades independientes unas de otras, sin entregar la defensa de intereses diferentes a los penales a la Defensoría Penal Pública, por la especialidad de sus materias, pero particularmente por la posición que ocupa el defendido en el proceso y, paradojalmente, por el éxito de su desempeño, que no parece prudente ni necesario alterar. Debe ser el ejemplo a seguir con los perfeccionamientos señalados, pero para la construcción de organismos diferenciados.
Además de hacer votos por una mejor relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, sin intromisión de un poder en el otro, la instalación del nuevo gobierno es una oportunidad de perfeccionar procesos y mejorar la institucionalidad del país en materia de justicia. Existe una deuda con la ciudadanía que quiere ejercer sus derechos, y con las víctimas que buscan proteger sus intereses, aspectos que deben ser saldados a la brevedad. Una ciudadanía vociferante y exigente no se quedará silenciosa si no se avanza en este sentido.
