El Mercurio Legal
Este año, fueron 581 los proyectos adjudicados por el Concurso Regular del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt), lo que equivale a un total de $ 70 mil 191 millones entregados en las distintas disciplinas incluidas en la convocatoria.
De ellos, 30 trabajos corresponden al área de Ciencias Jurídicas y Políticas, lo que se traduce en la entrega de $ 1.462 millones 359 mil para esta línea de investigación, de los cuales cinco fueron presentados por planteles de regiones. Un crecimiento en comparación con la edición anterior de la convocatoria, donde se repartieron poco más de $ 760 millones para 23 proyectos en esta subcategoría.
¿Quiénes lideraron la lista en el área de derecho? La Universidad Católica se quedó con la mayor cantidad de proyectos adjudicados, con un total de cinco, seguida por la Universidad Alberto Hurtado, que obtuvo fondos para cuatro de sus propuestas.
Estos planteles fueron seguidos por las universidades de Concepción, Diego Portales, los Andes y Central, que se adjudicaron dos proyectos respectivamente, mientras que las universidades de Chile, Católica de Valparaíso, Austral, Autónoma y Bernardo O'Higgins obtuvieron financiamiento para una investigación cada una.
Así, fueron 22 los trabajos aceptados en el área de Ciencias Jurídicas y ocho los correspondientes a Ciencias Políticas. ¿En total? Los proyectos aprobados representan el 47,6% de investigaciones concursadas, que este año fue de 63, un crecimiento del 44,4% para la disciplina, según afirman desde Fondecyt.
¿De qué me sirve?
Desde derechos de la infancia hasta terrorismo, contrato de seguro o protección jurídica de los migrantes, de los más variados temas se puede encontrar entre los proyectos que este año consiguieron ser elegidos en el área del derecho, pero, ¿por qué tanto interés?
Considerado como un elemento fundamental para el desarrollo de la investigación en las distintas universidades, se trata de uno de los fondos de carácter público más apetecido por los académicos nacionales. Y aunque, como dice el profesor Alejandro Vergara —quien tuvo un proyecto ganador este año (ver recuadro)—, la tarea de convencer a la sociedad de que se puede investigar científicamente con las leyes es ardua, "ya se ha transformado en un hábito que un importante puñado de abogados se dediquen hoy a ello en Chile y con un buen nivel".
Y agrega la importancia que significa para el propio autor que su trabajo sea reconocido, ya que es "el resultado de un proceso de selección de los demás juristas investigadores, que evalúan cada proyecto de acuerdo a los estándares metodológicos y, desde ese punto de vista, resulta satisfactorio superar ese verdadero cedazo, ya que no sólo basta tener publicaciones, sino también formular un proyecto de índole científica".
En tanto, para el profesor Marcelo Barrientos, quien también obtuvo un fondo este año, la convocatoria es, por su propia forma de postulación, "una auténtica monografía, en la que se resume el perfil del investigador, sus co-investigadores, sus publicaciones y un acabadísimo diseño del proyecto que se pretende emprender y financiar".
En tanto, la docente Fabiola Lathrop, quien se adjudicó el mayor monto entre los proyectos de la rama de Ciencias Jurídicas de este año —$ 66 millones 350 mil para un trabajo de tres años—, comenta que es un reconocimiento por parte del Estado, especialmente cuando se trata de un Fondecyt Regular, a la labor académica: "En nuestra disciplina es uno de los principales indicadores de medición de la calidad de la investigación y, finalmente, es valorada como un aporte económico para su consolidación".
Tres Proyectos
Fabiola Lathrop comenta que su trabajo se centra en las transformaciones que ha sufrido la familia durante la segunda mitad del siglo XX, "las que han modificado sus ejes articuladores tradicionales e impactado en sus más diversas instituciones jurídicas" y señala que los factores relevantes para la comprensión de estas mutaciones serían cuatro: la individualización y fragilidad de la vida personal y la esfera íntima; el cambio en el estatus y derechos consecuentemente reconocidos a la mujer y a las sexualidades diversas; el reconocimiento e impacto de los derechos de la infancia sobre el modelo familiar tradicional, y el impacto generado por las nuevas tecnologías reproductivas.
En este sentido explica que "el legislador ha enfrentado estas transformaciones de forma reactiva, contingente y desarticulada, lo que ha provocado que el derecho de familia se encuentre en una 'etapa caótica', caracterizada por la pervivencia de instituciones legales en abierta contradicción con supuestos principios informadores de esta rama".
Finalmente, dice que su investigación busca reformular los principios estructurantes de esta área, con el fin de lograr "coherencia jurídica frente a este fenómeno de transformación".
Por su parte, Alejandro Vergara explica que con su proyecto pretende analizar el método o herramienta que usualmente los juristas utilizan al construir y proponer el núcleo básico de cada disciplina especializada —vale decir, civil, administrativo, penal, entre otras—, sus resultados y utilidad.
"Es en medio de tales ramas o 'departamentos' que los jueces aplican el derecho, ya sea identificando por círculos concéntricos las reglas del área o, en su caso, formulando los principios jurídicos que en tales ramas se configuran" dice y además señala que se trata de un "estudio teórico del método jurídico, pero que tiene por objetivo orientar la práctica que realizan abogados y jueces".
En tanto, Marcelo Barrientos explica que su trabajo es la continuación natural de una investigación iniciada al alero de la Fundación Mapfre, que en 2013 le otorgó la Beca Iberoamericana de Ayuda a la Investigación, y de un concurso "Inicio" de la UC.
Así, su proyecto pretende analizar el contrato de seguro como uno de consumo y afirma que lo que se estudiará será "el impacto que las leyes 20.555 y 20.667 han generado en las normas de protección del consumidor y el Código de Comercio, en lo que a contrato de seguro se refiere".
