El Mercurio
Señor Director:
Los paros ilegales y las huelgas de estos últimos meses nos dejan claro que los conflictos crecen en intensidad y violencia a un punto que supera al sector privado y a las autoridades. El país ve con estupor cómo trabajadores de distintos sectores convierten a ciudadanos en rehenes de sus acciones. Quién diría que un servicio como el Registro Civil se pudiera dar el lujo de paralizar por un mes, sin consecuencia alguna para sus dirigentes; o que los trabajadores de un puerto dejen de trabajar en forma concertada y dejen al país sin abastecimiento de productos del exterior y sin exportaciones. Ni qué decir del Servicio Médico Legal.
La responsabilidad es de las políticas públicas en materia de empleo diseñadas por los últimos gobiernos. No basta con llenarse la boca de avances en materia de empleo o de ingreso ético familiar.
La movilidad social se encuentra relacionada con la intensidad de los conflictos actuales. Estos se han tornado intensos y violentos, ya que enfrentan a personas cuyas posiciones sociales respectivas son estables y sienten que hoy sí están dadas las condiciones para que haya cambios relevantes en este estado de cosas.
La situación se agravará a partir de marzo; la CUT demandará el cumplimiento del programa de gobierno de Bachelet, y los trabajadores que se sienten inmóviles en el entramado social abogarán por políticas públicas que les entreguen herramientas concretas de movilidad y cambio. No se divisa cómo esta demanda será absorbida por las futuras autoridades. Solo un consenso amplio entre todos los actores involucrados (gremios empresariales, CUT, gobierno, parlamento) puede salvar la situación, y esto probablemente no ocurrirá. ¿Por qué? Porque los trabajadores, estudiantes, empresarios, en fin, todos los actores quieren obtener la satisfacción de todos sus intereses y estos consensos solo se logran agrandando la torta, y no repartiendo la que existe.
