La Tercera
El inicio del año 2014 ha sorprendido a los chilenos, una vez más, mirando con angustia lo que está ocurriendo en el sur del país. De todos lados surgen voces solicitando u ofreciendo diagnósticos y soluciones. Pero la historia reciente nos enseña una lección dolorosa. No importa a qué niveles de violencia y tensión lleguemos: es probable que pase el verano y otras preocupaciones posterguen nuevamente la cuestión indígena.
Hay al menos tres elementos que permiten afirmar que la situación de conflicto ha evolucionado significativamente. El primero y más alarmante es el costo creciente en vidas humanas, que hoy afecta por igual a indígenas y no indígenas. Por otra parte, si hasta hace poco los hechos de violencia se concentraban casi exclusivamente en la época estival, últimamente se han instalado como una constante a lo largo de todo el año. Y si antes la conflictividad afectaba mayoritariamente a La Araucanía, en las últimas semanas se ha observado un aumento importante de hechos de violencia en la Región del Biobío y particularmente en la provincia de Arauco.
En este contexto asumirá en marzo próximo una nueva administración. A diferencia de todos sus antecesores, Michelle Bachelet llegará al gobierno con la difícil misión de dar cuenta no sólo de sus promesas de campaña y propuestas programáticas, sino también de hacerse cargo de los aciertos y errores de su primera administración. Y deberá hacerlo mostrando no sólo nuevas ideas, sino también nuevas caras. Pero eso no es todo. Deberá resistir también la tentación de "esquivar el bulto" y administrar la coyuntura, sin enfrentar los temas de fondo que están latentes tras el conflicto.
¿Y cuáles son los temas de fondo? Hay dos que parecen ineludibles. El primero tiene que ver con la institucionalidad del Estado y la participación de los pueblos indígenas en ella. Podemos discutir eternamente si los que participan en hechos de violencia son pocos o muchos y si son más o menos representativos del pueblo mapuche. Pero una cosa está clara. Debemos reestructurar nuestra institucionalidad de modo que existan canales de diálogo y participación indígena que nos permitan afirmar -todos, sin excepción- que no hay argumento ni justificación posible para el recurso a la violencia.
Un segundo tema ineludible es el de las tierras. Para todos es evidente que el actual sistema de entrega de tierras es responsable en buena medida de la situación actual. Por otra parte, existe una brecha significativa entre lo que muchos mapuches consideran sus justas reivindicaciones históricas y los actuales propietarios, la legítima defensa de sus derechos. Pero la mera constatación de esta brecha no nos conduce a nada. Es urgente, hoy más que nunca, buscar a través del diálogo nuevas formas de hacer frente a un tema que nos acompañará por mucho tiempo.
Pero no todo son malas noticias. Una encuesta reciente del PNUD muestra que los mapuches perciben que las relaciones interculturales han mejorado y seguirán mejorando. Si bien a primera vista esta percepción parece totalmente discordante con los hechos que la prensa informa diariamente, puede ser una señal que nos llama a no desesperar y a confiar en que son muchos más los que están por el diálogo y que éste producirá frutos.
