El Mercurio
En la víspera de los cónclaves de RN y la UDI destinados a analizar las causas de la derrota electoral y definir qué tipo de oposición ejercerán durante el gobierno de Michelle Bachelet, ha comenzado a tomar fuerza en las filas oficialistas la idea de conformar un equipo de abogados expertos constitucionalistas que les permita a los partidos no solo actuar unidos, sino también con un perfil más propositivo que reactivo.
La idea, dicen los más entusiastas, es estar preparados para enfrentar cada una de las iniciativas que la Presidenta electa ingresará al Congreso el próximo año y que apuntarán a darle forma a su compromiso de avanzar hacia una nueva Constitución. Se trata de un tema que preocupa a muchos, al punto que en las últimas dos semanas los líderes del sector comenzaron a contactarse para ver de qué manera enfrentarán este nuevo escenario.
Los llamados telefónicos se intensificaron luego de que el jefe del equipo constitucional de la ex Mandataria, Francisco Zúñiga, anunciara hace siete días que la discusión de una nueva Carta Magna se realizará en el Congreso a través de un proyecto de reforma total, cuyos contenidos y plazos los definirá Bachelet.
Por esos días, el mismo Pablo Longueira abordó este tema en una entrevista con "El Mercurio" donde dijo: "Creo que la Alianza debe adelantarse, convocando a sus mejores constitucionalistas para estar preparados para el debate constitucional que se viene. Considero que oponerse por oponerse no es el camino, hay que ser activos y propositivos para influir en los cambios constitucionales que se propongan", sostuvo el ex ministro.
Fue entonces cuando comenzaron a circular varios nombres de abogados que debieran estar sí o sí en una instancia de análisis de las reformas a la Constitución. Entre los líderes de la Alianza existe consenso en que deberán integrarla los ex miembros del Tribunal Constitucional (TC) José Luis Cea y Miguel Luis Amunátegui; el abogado constitucionalista Miguel Otero; el ex ministro de Justicia y doctorado en Derecho Constitucional en Alemania, Teodoro Ribera; y el ex embajador en Estados Unidos, Arturo Fermandois. Junto a ellos, son mencionados los senadores Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN); además del actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien se integraría una vez que termine el Gobierno.
En la Alianza no han descartado que a estos ocho expertos se les sumen otros nombres como los profesores de Derecho Constitucional Ángela Vivanco y Gastón Gómez; el senador electo Andrés Allamand; y los diputados Cristián Monckeberg, quien ha dirigido la comisión de Constitución de la Cámara; y Edmundo Eluchans, quien se ha caracterizado por ser una voz disidente en materia de reformas políticas al interior de la UDI. Otros también son partidarios de incorporar a figuras más jóvenes como Sebastián Soto, actual Jefe de la División Jurídico-Legislativa del ministerio Secretaría General de la Presidencia; además de los abogados José Francisco García, de Libertad y Desarrollo; Gonzalo Candia, entre otros.
Los temas a debatir
Entre las modificaciones constitucionales que han generado más polémica en el oficialismo -y que están en el programa de gobierno de Bachelet- se encuentran: la sustitución del sistema electoral binominal por uno proporcional; consagrar el principio de mayoría absoluta como máximo quórum para aprobar y modificar las leyes; reconocer los derechos sexuales y reproductivos de la mujer; incorporar nuevos mecanismos de democracia directa o semi directa en distintos niveles de decisión pública; y establecer gobiernos regionales para contribuir a la descentralización del país.
Sobre el Tribunal Constitucional, la Presidenta electa señaló en su programa que dicho organismo "tiene actualmente el poder de contrarrestar decisiones adoptadas democráticamente" y propone una serie de modificaciones que apuntan a reordenar sus competencias como suprimir su facultad para cuestionar la constitucionalidad de una norma. Aunque Bachelet reconoce la autonomía del Banco Central también señala en su programa que "la ley establecerá la medida de la autonomía y de la configuración de sus competencias". En el texto, además, se incluyó una serie de nuevos derechos sociales.
Cada uno de estos puntos preocupan a los dirigentes de la Alianza y aunque todos recalcan que es el Congreso la instancia donde deben debatirse estos temas, reconocen la necesidad de conformar un equipo externo asesor que contribuya a generar puntos de consenso y propuestas. Este tema, dicen, ha formado parte de los análisis en el oficialismo tanto en las reuniones de las directivas de los partidos como en las comisiones políticas de las últimas semanas.
"Sin duda que hay que tener un equipo más allá de que los integrantes del Congreso. Allí tendrán que participar y actuar con el mayor grado de unidad posible y compartir los eventuales riesgos que se presenten", plantea el presidente de la UDI, Patricio Melero. En la misma línea se muestra su par de RN, Carlos Larraín, quien sostiene que una de los principales desafíos del sector será "poder distinguir entre las mayorías indispensables y las que no lo son. Debemos preservar el papel estabilizador del Tribunal Constitucional".
Tanto Larraín como Melero están trabajando, por separado, en un planteamiento que harán ante los respectivos cónclaves partidarios que se efectuarán en enero, donde intentarán hacer ver a las filas de los partidos lo que está en juego en materia constitucional. Y uno de los puntos centrales será, precisamente, el TC.
Para varios de los abogados del sector existen al menos tres aristas en las que se debe concentrar el análisis. La primera se refiere a los límites constitucionales del poder del Estado. En este punto ven la necesidad de tener posturas en temas como el papel del TC y los riesgos que podría generar el que se le quite la potestad de declarar inconstitucional una normativa. Un tema que les preocupa es la posibilidad de que el TC termine en algún minuto dándole visto bueno a leyes que apunten, por ejemplo, a legislar el aborto en Chile y que podría responder a mayorías "circunstanciales" en el Congreso.
De igual modo, dicen, se deberá definir el papel del Banco Central; cuáles son las mayorías que se exigirán para las normativas; hasta dónde el Estado va a actuar en lo económico y social; las facultades de las autoridades regionales que se cruzarían con los límites al ejercicio del poder.
Una segunda arista son los derechos económicos, sociales y culturales. Señalan que se enfrentarán quienes están por un Estado garantizador y fiscalizador y quienes lo ven como un Estado proveedor. Y, por último, se debe especificar qué se quiere mantener de la actual Constitución y qué puntos podrían revisar si es que aquellas variaciones se producen de manera paulatina y no drástica como se han planteado. Por ejemplo, no consideran "sano" que por mayoría absoluta se pueda modificar cualquier ley, pues ello podría generar "roces, crisis y rupturas constitucionales".
Melero sostiene que los quórum especiales "hacen que materias más complejas requieran de mayorías más claras por la importancia de lo que se está modificando. Los quórum especiales han sido un factor de estabilidad".
"Se debe abandonar la consigna electoral"
Otro asunto que le preocupa a la UDI es la promesa de Bachelet de garantizar los derechos sociales, pues ello genera expectativas y puede desatar una judicialización al no estar debidamente acotados.
A juicio de Fermandois, "el debate constitucional debe abandonar la consigna electoral y pasar pronto al estudio objetivo y serio. La demonización sistemática de la Constitución por algunos sectores privó de objetividad la discusión pre-electoral, por lo que urge cerrar esa etapa y abrir una nueva más fecunda".
Respecto de los objetivos que se debe fijar esta comisión, el ex embajador identifica cuatro: "Participar, aportar e ilustrar el debate refutando donde corresponda aquellas propuestas del pacto Nueva Mayoría que nos parecen técnicamente injustificadas y políticamente negativas para Chile, como la pretendida jibarización del Tribunal Constitucional o el deterioro de la autonomía del Banco Central; persuadir, difundir y demostrar el valor republicano de las instituciones que han operado correctamente en la Carta de 1980, instando por su permanencia en cualquier fórmula de reforma; y velar por un proceso de reforma sometido a la institucionalidad y el Estado de Derecho".
Andrés Allamand considera que hay que "mantener las facultades del TC ya que son una garantía de que la legislación no se va a apartar de lo previsto en la Constitución. El TC lejos de ser una amenaza para la democracia -como lo plantea el pacto Nueva Mayoría- es una garantía para la misma, ya que con su carácter técnico cautela que la legislación ordinaria no vulnere los derechos establecidos en la Constitución". Allamand es partidario de priorizar el debate en el Congreso y de constituir un equipo político-parlamentario con experiencia en temas constitucionales, al que se podrían sumar asesores externos. En la misma línea se muestra el senador Alberto Espina.
A juicio del senador Hernán Larraín, la Alianza debe preparar a los equipos más allá del Congreso a fin de "no solo reaccionar, sino que también tener propuestas". Señala que varias de las ideas analizadas en la candidatura de Evelyn Matthei "podrán ser la base y un aporte para negociar cuestiones que queremos impulsar. Somos partidarios de una evaluación constitucional y no de una revolución constitucional". Antes, advierte, "se debe institucionalizar la Alianza", de lo contrario no ve posible un trabajo conjunto de RN y la UDI en estos temas.
