La Tercera
Han surgido sospechas fundadas en cuanto a que las candidaturas presidenciales de los independientes Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt se habrían inscrito sin haber cumplido cabalmente con los requisitos que exige la ley para esos casos. Concretamente, se señala que las firmas de ciudadanos patrocinantes que ambos debieron presentar ante el Servicio Electoral no se recogieron en la forma prevista en la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios ("ante notario").
No me interesa prejuzgar. Tocará a la Corte de Apelaciones de Santiago (en lo que respecta a la actuación de las notarías) y al Ministerio Público (en relación con la comisión de posible delito electoral) dilucidar si han existido o no irregularidades. Lo que sí me gustaría hacer en esta columna es reflexionar sobre los problemas que presenta la regulación vigente.
En principio, la presentación de 30.000 firmas parece una barrera de entrada razonable. No es tan alta como para excluir a aspirantes novedosos y poco conocidos, ni es tan baja como para permitir que se cuelen aventureros irresponsables que sólo quieren darse un gusto personal. El problema es que no existiría un momento o una instancia para verificar oportunamente la validez de las rúbricas recolectadas. También es problemático, me parece, que la acreditación de las firmas suponga un pago en la notaría. Si el precandidato independiente va a tener que gastarse $ 30 millones en su empeño cívico, prefiero que lo haga en la difusión de sus ideas y no en el pago de trámites legales.
Un sistema político auténticamente democrático debe ofrecer cauces de participación a los ciudadanos independientes y a las fuerzas políticas nuevas. En ese sentido, el empeño por corregir los eventuales abusos que se pudieren haber cometido en el proceso 2013 no nos debiera llevar a introducir filtros demasiado exigentes, que tengan el efecto de excluir a priori a individuos que quieren aportar y renovar desde fuera del establishment.
En concreto, propongo sustituir el mecanismo vigente por uno que aproveche el sistema de primarias legalmente establecido. Como se sabe, estas primarias fueron establecidas originalmente para permitir a los pactos y a los partidos dirimir democráticamente entre sus distintos precandidatos. Lo que se podría hacer es que, en paralelo a ese cometido, las primarias sean también una ocasión para que los precandidatos independientes se presenten ante el electorado para obtener una primera calificación. De este modo, por ejemplo, todo aquel independiente que obtenga 20.000 sufragios en la primaria quedaría automáticamente registrado para competir, con todas las de la ley, en la elección presidencial definitiva. Nadie tendría que ir a las notarías. Nadie tendría que pagar por las firmas. Se acabaría el negocio de los recolectores de firma. Los que firman para salvar a las ballenas en el Paseo Ahumada sabrían que su nombre no podrá ser usado para avalar una candidatura que no comparten. En suma, la base de respaldo del candidato independiente sería objetiva, transparente y seria.
