La Tercera
Una investigación de "El Polígrafo" publicada ayer en el cuerpo de Reportajes de "El Mercurio" verificó que gran parte de las firmas presentadas por Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt, para respaldar sus candidaturas independientes hacia la Presidencia de la República, no cumplían las exigencias legales.
Esto, porque del análisis de las firmas obtenidas a través de la Ley de Transparencia se desprenden situaciones que son físicamente imposibles, como que más de 17 mil personas suscribieron en un día su respaldo a la aspiración de Jocelyn-Holt en la notaría de Gloria Acharán. O que el notario Roberto Mosquera certificó en días consecutivos miles de patrocinios en favor de Parisi en su oficina de Renca, incluyendo firmas de gente de regiones.
Parlamentarios de todos los sectores, tras considerar algunos de los antecedentes expuestos, concuerdan en revisar el sistema de inscripción de candidaturas y evaluar la creación de una nueva legislación que entregue al Servicio Electoral mayor dotación y recursos para que pueda examinar la validez de las firmas presentadas por los aspirantes, teniendo la capacidad de dar garantías sobre el proceso.
"Esto es muy grave. Es un escándalo en un proceso legal de cumplimiento de requisitos para una elección presidencial y, más allá del bochorno, esto debe dejarnos algunas lecciones", dice el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana.
"Uno se pregunta si al Servel se le podría dotar de mayores atribuciones para poder tener más fiscalización de estos requisitos (...) hay un problema de vacío legal que debe ser una preocupación para todos los sectores", agrega Quintana.
"Esto obliga a que, junto con que los propios candidatos presidenciales expliquen lo sucedido, se lleve adelante un cambio en la legislación que habilite que las firmas de las candidaturas se establezcan ante el Servel", señala el diputado y presidente de la UDI, Patricio Melero.
"Hemos conversado ya entre varios parlamentarios sobre hacer una iniciativa de ley que termine con esta situación dando mayores herramientas al Servicio Electoral", concluye Melero.
Si son o no los notarios quienes deben continuar siendo los ministros de fe de las signaturas, es un aspecto que se analizaría en la discusión de un proyecto de ley que vaya en la línea de lo anteriormente señalado.
"Yo estaría dispuesto a estudiar un proyecto de ley para examinar cuáles son las instancias de revisión y no quedarnos con algo antiguo. Lo que tenemos que cuidar es la fe pública y si la ley está fallando en eso, habrá que revisarlo", complementa el jefe de bancada de RN, diputado Leopoldo Pérez.
Para el miércoles, en tanto, está programada una reunión del consejo directivo del Servel que se evalúa adelantar para tratar el tema de la certificación de firmas.
Parte del análisis sería decidir la pertinencia de que el organismo inicie acciones legales civiles o penales.
Sobre el caso puntual que se dio en este proceso con las candidaturas de Parisi y Jocelyn-Holt, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, señaló el domingo en "El Mercurio" lo siguiente: "No podemos ver si un notario dijo que 20 mil personas fueron en un día, ya no es tema nuestro, no podemos entrar en esa casuística, en eso tendríamos que entrar a la paranoia de revisar firma por firma".
Pese a que las declaraciones de los parlamentarios van en la dirección de entregar mayores herramientas al Servicio Electoral, las críticas hacia el rol de la institución en este proceso también se hicieron presentes.
"No puede ser que Santamaría se excuse porque tienen que revisar una a una las firmas (...) Me parece gravísima su respuesta porque obviamente esas candidaturas estaban inhabilitadas y el Servel debiera tener la capacidad necesaria para comprobar eso", indica el jefe de bancada de la UDI, diputado Gustavo Hasbún.
Por su parte, el diputado DC Jorge Burgos explica que "la Corte de Apelaciones de Santiago tiene la palabra ahora, y creo que el Servel debe decir algo más que 'no tuvo mucho tiempo', ya que la fe pública está dañada".
"Esto requiere una revisión profunda a la forma de inscripción, porque no es posible que en una notaría pasen 18 mil personas en un día. Eso puede hasta ser un delito", afirma el jefe de bancada del PS, diputado Fidel Espinoza.
Críticas a los candidatos
Algunos dardos apuntaron también a los candidatos presidenciales involucrados.
"Esto demuestra que no hubo la rigurosidad ni la seriedad necesarias por parte de estas candidaturas a la hora de recoger firmas, pero los plazos que estipula la ley para impugnaciones ya están totalmente vencidos, por lo que el proceso eleccionario ya está finalizado", dice el diputado y primer vicepresidente de la DC, Fuad Chahín.
"Que haya personas que aparezcan firmando una candidatura que no las representaba delante de un notario, eso es grave. Hay que revisar esta situación, porque si existen notarios que hayan acreditado firmas que no son tales, sería muy grave", señala Karla Rubilar (RN) desde el comando de Evelyn Matthei.
Uno de los colaboradores de Marco Enríquez-Ominami (PRO), Jaime Parada, observa que "esto es preocupante, porque prosperaron candidaturas que, si se llega a demostrar, estaban inhabilitadas. Esto habla muy mal de la democracia, y el escenario hubiese sido muy distinto".
Consultados por "El Mercurio", los comandos de ambos candidatos declinaron responder o hacer comentarios sobre este tema.
SERVEL
Para el miércoles está programada la reunión del consejo directivo, la que podría adelantarse para hoy para tratar el tema de la certificación de firmas.
Constitucionalistas difieren sobre modificar requisitos de la ley
Dos abogados constitucionalistas consultados por "El Mercurio" analizaron el requisito que impone la Ley Electoral sobre las firmas necesarias para certificar ante el Servel una candidatura presidencial. Por un lado, el abogado Arturo Fermandois dice que en el caso de descubrirse una irregularidad es posible anular el proceso de pago por votos, y, por el otro, Patricio Zapata apunta a que urge modificar este proceso de preselección.
Sobre el tema de la certificación de firmas, Fermandois advierte que "el requisito legal no puede ser evadido, mientras la ley diga ante notario, requiere la comparecencia de cada uno de los firmantes. Si esto no ha ocurrido y se prueba que no cumplió requisitos legales, podría ser susceptible de ser anulado".
Sin perjuicio que la justicia electoral es constitucionalmente autónoma -explica Fermandois- y su órgano superior es el Tricel, "cabe estudiar si a pesar de esta autonomía se mantienen vigentes para efectos no electorales los principios generales de la nulidad de derecho público. En este caso, si el Servel ejecutó un acto con infracción a requisitos legales, la justicia civil podría conocer de su nulidad bajo las reglas generales del artículo 7 de la Constitución". En caso de que se cumplan los requisitos, este recurso de nulidad de derecho público podría ser presentado por cualquier ciudadano ante un juzgado civil, ya que los plazos no han vencido a diferencia de la impugnación de candidaturas, según explica Fermandois. De esta manera, se podrían restituir al Estado los dineros pagados por cada voto, en caso de que la candidatura no cumpla con la ley.
Respecto a si se debiera modificar el sistema de inscripción de candidaturas, cree que "no hay que caer en la tentación de promover la rigidización de la participación ciudadana; es bueno que exista una relativa fluidez para que candidatos con mínima participación puedan inscribirse".
El constitucionalista Patricio Zapata plantea que "para la próxima elección debiéramos revisar el sistema de selección de entrada de las candidaturas" y propone que "hay que aprovechar el mecanismo de las primarias que ya está legislado para que se produzca una preselección de los candidatos que no sea teniendo que pasar por notaría, teniendo que pagar 1.000 pesos por cada firma, ni con la posibilidad de falsificarlas". Con este mecanismo, dijo, aquellos independientes que quieran ser candidatos tendrían que obtener, por ejemplo, 40 mil votos en la primaria y con ello asegurar su nombre en la papeleta presidencial.
"No se trata de hacer un filtro más estricto y tratar de tener solo dos o tres candidatos, yo no creo que eso sea bueno, yo creo que no es malo tener 6, 7 u 8 candidatos, pero lo que sí sería bueno es que ellos resultaran de un procedimiento más objetivo, transparente y público", dijo.
Qué dice la ley sobre las inscripciones de candidaturas independientes
El patrocinio de candidaturas independientes mediante firmas es regulado por el artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios (Ley 18.700) que estipula lo siguiente:
"El patrocinio de las candidaturas independientes a Presidente de la República deberá suscribirse ante cualquier notario por un número de ciudadanos, habilitados para ejercer el derecho a sufragio, no inferior al 0,5 por ciento de los que hubieren sufragado en la anterior elección periódica de Diputados, de acuerdo con el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones".
