La Tercera
"En relación con las investigaciones por abusos, algo que nos falta aprender y mejorar, es poder entregarles a las presuntas víctimas más información respecto de las etapas del proceso; ellas necesitan saber cómo va su caso", sostuvo Ana María Celis, directora del Centro de Libertad Religiosa-Derecho UC y miembro del Consejo Nacional de la Conferencia Episcopal de Chile, para la prevención de abusos a menores de edad y acompañamiento a las víctimas.
La profesional entregó ayer esta aseveración en el marco del seminario "Justicia en la Iglesia, hacia mejores prácticas en los procesos penales canónicos", que se desarrolló en la casa central de la Universidad Católica, con el patrocinio de la Fundación Amparo y Justicia.
Si bien en la apertura no se abordaron casos concretos o de los cuales aún no se conozca la sentencia del Vaticano, como por ejemplo, la situación del ex obispo de Iquique Marco Ordenes -quien renunció tras una denuncia de abusos-, Celis destacó que dentro de la confidencialidad que existe en los procesos canónicos, se ha avanzado en el acompañamiento a las víctimas.
"La propia Santa Sede ha pedido que se reconozcan estos derechos, bajo el concepto fundamental de prevención. De allí, también, que la Conferencia Episcopal le haya hecho llegar a la Santa Sede sus proposiciones, y que ahora estemos a la espera de estas orientaciones y líneas guías", subrayó.
En el inicio de la actividad, el nuncio apostólico en Chile, monseñor Ivo Scapolo, manifestó que, "lamentablemente, este es un tema de particular actualidad. Hay muchos aspectos a considerar, con el fin de proceder según la justicia y la caridad, para el bien de la comunidad cristiana y también la misericordia hacia quienes cometieron delitos".
El representante del Papa Francisco añadió que "los procesos canónicos son flexibles y deben adaptarse a nuevas realidades, respetando su núcleo fundamental".
Entrevistas en video
Dentro del seminario también se abordó el tema del proyecto de sistema de entrevistas videograbadas, para casos de abuso infantil, que fue expuesto por la gerenta general de la Fundación Amparo y Justicia, Paulina Leiva: "Esta iniciativa fue propuesta en 2011 y exigimos que se envíe al Congreso, ya que en lo medular, para los casos de niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales, disminuye su exposición a intermediarios e interrogatorios y reduce sus enormes costos sicológicos personales y familiares".
Maurizio Sovino, abogado de la misma entidad, comentó que "la Iglesia Católica en Chile ha comprendido la necesidad de transparentar más a nivel social el problema de los delitos cometidos dentro de ella. Por ejemplo, se creó una comisión para víctimas que requerían de auxilio".
"Tal vez -agregó-, a modo de crítica, en los primeros momentos en que se supo de estos casos, la Iglesia fue tomada por sorpresa y comunicacionalmente no supo cómo reaccionar. El secreto del proceso canónico trajo problemas a nivel social, pero me parece que se ha tomado un buen camino".
