La Tercera
La Tercera publicó recientemente que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha gestionado alrededor de 2.500 reclamos de universitarios, lo que me parece bien, pues una de las funciones del Sernac es disminuir la brecha entre oferentes y consumidores, dadas las asimetrías de información que usualmente perjudican a estos últimos. Es curioso, sin embargo, que cuando los alumnos se sienten perjudicados por su universidad acudan al Sernac.
Otra curiosidad es la judicialización de la educación. En mayo, la Corte Suprema dio la razón a una alumna que interpuso un recurso contra su universidad para tener derecho a examen de repetición. Es cierto que el alumno que se siente perjudicado debe poder recurrir a la justicia una vez agotados los recursos al interior del establecimiento; sin embargo, los derechos del alumno/consumidor pueden atentar contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Un Estado que se entromete en el aula o en la administración universitaria pone en jaque la libertad de enseñanza, así como el pluralismo y la tolerancia que deben acompañar al proceso educativo. No vaya a ocurrir que los profesores terminemos enseñando ante testigos y oficiales políticos, examinando ante notario o bien valorando las pruebas de acuerdo a indicadores legales, notas que sólo quedarán firmes una vez notificadas por algún ministro de fe competente, y transcurridos los plazos para entablar algún recurso en su contra.
Una última curiosidad: el nuevo ranking de ponderación de notas para ingresar a la universidad. En aras de la igualdad, se ha optado por nivelar, pero hacia abajo. La mayor ponderación colectiva beneficiará a los alumnos de colegios privados o municipales subvencionados, donde existe una menor dispersión, pero también beneficiará a los mejores alumnos de colegios públicos, los cuales, de acuerdo a los propios argumentos de los alumnos del Instituto Nacional, tienen un menor nivel de exigencia, lo que se traduce en mejores notas. Huelga mencionar la probable repetición de prácticas como las anunciadas por el Liceo 1, de inflar artificialmente las notas de algunas alumnas para beneficiarlas en el mencionado ranking. Así, todos parecen beneficiarse, pero artificialmente. El Estado y las corporaciones privilegiadas, como el Consejo de Rectores, intervinieron en el mercado de la educación y se las ingeniaron para promover la inflación en las notas. Frente a un exceso de demanda, artificialmente creada, dos caminos se presentan como posibles: o las universidades restringen el acceso a las carreras para evitar cursos numerosos, o crean nuevos cupos y aumentan su matrícula.
Algunos alumnos lograrán entrar artificialmente a la carrera de su elección, pero ¿podrán mantenerse? ¿Y qué pasará con la calidad de los profesionales? Algunas carreras requieren un alto puntaje de ingreso porque realmente se necesitan conocimientos y aptitudes superiores para poder cursarlas. Yo, al menos, no quiero ser operado por un médico que ingresó a la carrera gracias a políticas de inclusión social y egresó a duras penas, de la misma forma en que usted no quiere habitar una casa o transitar por puentes diseñados por ingenieros civiles en idénticas circunstancias.
