Diario El Pulso
Es un tema que se encuentra sobre el tapete: con casos como farmacias, pollos y el reciente requerimiento a CCU, la protección de la libre competencia. Un concepto que cada vez más adquiere ribetes trascendentales, tanto para el desarrollo de las empresas como de la economía nacional.
Por esta razón, la VIII Jornada de Libre Competencia: Responsabilidad civil y libre competencia, logró una vez más ser el centro de debate sobre temas relevantes como, el abuso de posición dominante, el estudio de las penas por colusión y la consolidación de la delación compensada.
"Esta jornada tiene esta utilidad. Podemos decir que el empresario tomó conciencia. En los últimos 10 años se ha producido un mayor interés, antes había empresarios que no sabían que había elementos que infringían la libre competencia, ahora ese número es menor", comentó Tomás Menchaca, presidente del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), y uno de los oradores del seminario organizado por el Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica. En líneas generales, los atentados a la libre competencia, según lo que explicaron los expertos, estaban relacionados a conductas anticompetitivas entre las empresas, sin embargo, una conclusión relevante, es que en los últimos casos que ha investigado la Fiscalía Nacional Económica, se rompió esa regla, llegando incluso el persecutor a poner sus ojos sobre gremios profesionales, como la asociación de ginecólogos de Ñuble, entidad que está siendo investigada por una eventual colusión de precios en sus honorarios. Entonces ¿cuál es el límite?
Según Menchaca, el tener que desarrollar investigaciones a entidades y empresas diferentes no implica una señal de alerta, ni mucho menos es sinónimo de pérdida de confianza en el sistema. "La verdad es que la libre competencia se aplica a todo quien tenga poder de mercado y todos los que actúan en el mercado, ya sea personas naturales o jurídicas", sostiene Menchaca.
La óptica del Fiscal Nacional Económico es similar. Según afirmó Felipe Irarrázabal en las jornadas de libre competencia, en la medida que el mercado continúa su perfeccionamiento, es evidente que las normativas que vulneran la competencia, también buscan espacios para crecer y desarrollarse. "Esto se va sofisticando, el análisis del trabajo de la fiscalía ha ido avanzando. Los organismos estamos más sofisticados", argumenta.
MINISTERIO PÚBLICO, ¿EL GRAN ESCOLLO? El caso farmacias será clave para determinar una de las grandes interrogantes en la institucionalidad de libre competencia. ¿Es justificable una arista penal?
Tras este caso que concertó el precio de 206 medicamento, donde los principales ejecutivos de las cadenas fueron sometidos a clases de ética, el debate sobre si es pertinente el ingreso del Ministerio Público a este tipo de casos, se ha tomado la agenda.
Según la directora del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, María Elina Cruz, es poco probable que el Ministerio Público logre una condena en esta arista, debido a la conducta penal intachable de los imputados y a la debilidad del tipo penal que sanciona esta conducta.
La abogada experta en temas de libre competencia confirma un escenario poco alentador para el persecutor, a pesar de que la opinión pública tiene una postura de alta sensibilidad frente al tema y donde los criterios políticos pueden ser claves a la hora del veredicto. En cuanto a la culminación del caso, el Fiscal Nacional Económico, sostuvo que un fallo adverso a fiscalía en el caso Farmacias, podría de manera indirecta cerrar la puerta al Ministerio Público en casos de libre competencia. Esto, porque existiría un fallo que desacreditaría el añoso artículo 285 (utilizado por el Ministerio Público para llevar a sede penal a los involucrados y que data del 1800), determinando que no sería válido para los casos de colusión y, de paso, fortalecería el recurso de la delación compensada.
"Debemos ver el resultado en ese fallo concreto. Puede ocurrir que ahí no se termine en nada, ahí podría pasar que ese artículo se defina que no tenga operación, pero si lo tuviera, debemos ver una fórmula para mantener la arista penal en los casos de libre competencia sin echar a perder la delación compensada, para que los delatores tengan las menores consecuencias posibles y los castigos se concentren en los culpables", manifiesta Irarrázabal.
Finalmente, el presidente del TDLC, enumeró las tareas pendientes en materia de libre competencia, principalmente en tema de legitimación activa a la hora de solicitar indemnizaciones colectivas en casos de vulneración de libre competencia y, como era de esperar, también se detuvo en la pertinencia de una arista penal en estos casos.
"Actualmente que existan dos sedes paralelas puede dificultar la acción en materia de libre competencia, en ese sentido sería muy bueno aclararlo mediante una correcta aplicación de las normativas, o bien mediante una modificación legal", puntualizó Tomás Menchaca.
