Diario El Pulso
Realizar cambios, pero cuidando el funcionamiento de los órganos de la libre competencia es lo que propone el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal.
"Hay que realizar un análisis de costo y beneficio muy bien estudiado, sabiendo los costos de la transición cuando se hacen cambios muy agresivos", dice el fiscal, quien hoy participará en la VIII Jornada de Libre Competencia organizada por el Centro de Libre Competencia de la Facultad de Derecho UC . A su juicio, lo fundamental para fortalecer el "engranaje" sería una ley de fusiones con un sistema de control obligatorio.
¿Existe mayor interés en la población por conocer cómo funciona el sistema de libre competencia?
Como fiscalía nos sentimos exigidos en hacer un papel que siempre sea técnico, sofisticado y que disminuya al máximo los niveles de errores; que tenga una orientación al interés público. A eso se suma el esfuerzo de no relajar el nivel de las presentaciones que hacemos y que tengamos un discurso preciso. Además, que las cosas que hacernos tengan un análisis de fondo jurídico y económico, que planteen temas que son relevantes.
¿Cómo recibe la crítica que realiza el área académica a las instituciones que velan por la libre competencia?
Todas las instituciones son mejorables, el problema es qué tan exigente es usted en obtener las mejoras. Sin caer en la autocomplacencia, el sistema de libre competencia ha ido de menos a más. Cuando hablo del sistema hablo del engranaje. No es que quiera caer en un conservadurismo a ultranza, pero hay que tener especial cuidado en arreglar instituciones que funcionan relativamente bien.
En Chile, si uno ve la historia de la libre competencia, cada cierto tiempo, entre tres a cinco años, se produce un mejoramiento que se traduce en un cambio legal o agresivo.
¿Hoy estamos en esa etapa?
Resulta que se hizo un cambio muy relevante el 2009, cuando se estableció la delación compensada y una sanción más dura a los casos de carteles. Hoy estamos llegando al período de los cuatro a cinco años.
Nosotros tenemos conciencia que se pueden hacer mejoras, pero con cuidado con lo que se ha ganado.
El cambio que hemos solicitado es una ley de fusiones con un sistema de control obligatorio. Esto incluso la comisión Rosende lo planteó.
¿Entre estos cambios que se deben aplicar también falta el interloking y las restricciones verticales?
Sí, pero a lo que me he referido son temas estructurales. Los temas de restricciones verticales son muy complicados y muy técnicos, y con muchas miradas distintas. El país ya tiene un nivel de desarrollo en que nos podemos permitir una discusión de ese tipo y más pública.
En interloking, ¿es similar?
Allí cuando hay competidores que comparten directores o que comparten participación de mercado, efectivamente se puede generar en teoría, una menor tensión competitiva o un posible riesgo de trasvasije de información entre esas empresas. Esa es una cosa que es bastante evidente y hay regulaciones en derecho comparado. Hay empresas que han señalado que podrían quebrar con las multas solicitadas por la FNE.
Las empresas podrán decir muchas cosas, pero si en vez de establecer un techo se pone una multa en relación con un porcentaje de la facturación, allí estructuralmente se podría disminuir el riesgo de que las empresas enfrenten relaciones complejas. Transgredir la libre competencia tiene que tener una sanción muy cara.
El 4 de agosto de 2014 culmina su labor como fiscal. ¿Cree que estos cambios se habrán llevado a cabo?
No lo sé. Eso es ya es algo que escapa a nuestras atribuciones. Eso es un tema del Ejecutivo y del Congreso, si es que definitivamente se decide gatillar esto y adelantarlo.
