La Tercera
La nueva constitución que Chile necesita debe avanzar en la dirección de los siguientes tres grandes objetivos: i) ampliar y robustecer la protección de los derechos fundamentales, ii) establecer una institucionalidad que profundice el gobierno efectivo de las mayorías, la expresión proporcional de las distintas fuerzas políticas y la participación de sectores históricamente marginados, y iii) responder a los desafíos nuevos que enfrentan las sociedades del siglo XXI.
El avance en los propósitos recién esbozados, que no será ni fácil ni rápido, debe tener como sujeto activo a un pueblo dispuesto a hacer de estas ideas los ejes del debate político y de la movilización social y electoral. En todo caso, un logro histórico de esta magnitud no será consecuencia del asambleísmo, del espontaneísmo de las masas ni del ingenio de un puñado de intelectuales. El cambio constitucional requiere la conducción democrática de liderazgos que se apoyan en partidos que representen efectivamente a la ciudadanía. Para ser exitosos en esta tarea esos liderazgos deben impulsar, sin complejos ni ambigüedades, una política reformista y no revolucionaria.
Cualquier nueva Constitución que pretenda perdurar en el tiempo supone que las autoridades elegidas en un mes más den curso a un proceso altamente participativo. También será necesario generar una convergencia entre sectores de centro, izquierda y derecha. La nueva Constitución no la hacen sólo los que ganen en noviembre.
No quiero en esta columna entrar a la discusión técnico/jurídica sobre las vías apropiadas para destrabar el problema constitucional. Lo que sí quiero afirmar es mi convicción en el sentido de que las estrategias tienen que afincarse en una lectura profunda de nuestra historia. En este sentido, la experiencia histórica chilena demuestra que los avances democráticos sólo se han producido cuando sus impulsores han movilizado a grandes mayorías y han respetado a las minorías. Se trata de momentos en que las distintas familias ideológicas que concurren a nuestra tradición republicana han apostado fuertemente por la unidad. Son momentos, además, en que la conducción política reformista ha tenido la sabiduría de conectarse con la profunda vocación pacífica y legalista del pueblo chileno.
A contrario sensu, cada vez que los impulsores de los cambios se han dejado arrastrar por el sectarismo, han querido soslayar o defraudar el cumplimiento de las reglas jurídicas o han creído poder precipitar los cambios por medio de la amenaza o el uso de la fuerza, el resultado ha sido siempre el mismo: una derrota para la tradición republicana. Y un retroceso para Chile.
Es de esa tradición republicana, de esas luchas, de esos aprendizajes y de esas esperanzas de las que se nutre el proyecto de Nueva Constitución que ha levantado la candidatura de Michelle Bachelet. Toca ahora a los ciudadanos decidir con su voto si ella contará o no con la fuerza política y parlamentaria suficiente como para impulsar esta ambiciosa tarea.
