Pulso
Cuando el Centro de Justicia vuelva a abrir sus puertas para albergar el último capítulo del caso farmacias habrá muchas cosas en juego. Más allá de las eventuales condenas a cárcel, más allá de las multas y más allá de las pintorescas clases de ética, el episodio final de este proceso estará marcado por una verdadera medición de fuerzas entre el Ministerio Público y la institucionalidad de la Libre Competencia.
¿El fondo? Tras la determinación de la Corte de Apelaciones que obligó al Ministerio Público a llevar este caso a las últimas consecuencias -y dejar nulo el acuerdo que incluyó mandar a estudiar ética a algunos ejecutivos vinculados al caso farmacias- , la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte no sólo buscará a toda costa una condena, también buscará justificar su ingreso a un proceso que vulnera los principios de libre competencia a través de un tipo penal nunca utilizado, especialmente cuando existe una institucionalidad especializada.
"Nuestro primer objetivo es determinar que hubo una concertación de precios entre los imputados para fijar los precios de los medicamentos. Ese es el principal objetivo", dice el fiscal jefe José Morales.
En la arena de la libre competencia consideran que un sobreseimiento de los ejecutivos por parte del tribunal oral en lo penal no sería del todo negativo. Principalmente porque quedaría consignado en jurisprudencia que el añoso artículo 285 (utilizado por el Ministerio Público para llevar a sede penal a los involucrados y que data del 1.800), no sería valido para los casos de colusión. Así se cerraría a futuro la puerta para cualquier otro ingreso del Ministerio Público en casos de Libre Competencia.
El subsecretario de Economía, Tomás Flores, asegura que siguen muy de cerca el desenlace penal del caso. No obstante, dice que cualquier modificación a la institucionalidad, basada preferentemente en el informe de la Comisión Rosende, recién se podría implementar una vez ejecutoriada la sentencia por el polémico caso de colusión donde las tres farmacias más importantes del país se concertaron para alzar los precios de al menos 206 medicamentos, entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. "Cualquier determinación del gobierno en cuanto a implementar las medidas pasarán a tomarse después del juicio oral. En cuanto al artículo 285, creemos que hay que modernizarlo, antes de abrir nuevamente la discusión sobre si es pertinente su derogación", manifiesta Flores, quien añade que en el Ministerio de Economía desarrollaron un estudio sobre el polémico tipo penal, llegando a la conclusión que era principalmente utilizado en subastas, telas y productos y agrícolas.
"Lo importante es que acá ya hay una sentencia administrativa ejecutoriada, donde las empresas debieron pagar multas históricas ( ... ). Existen diversas modificaciones, una que se baraja es entregarle la llave al fiscal nacional económico para que pueda iniciar acciones penales, coordinándose con el Ministerio Público", adelanta el secretario de Estado.
Sin embargo, para cualquiera de estos cambio es necesaria una nueva ley y plazos más extensos. Plazos que se contraponen con la meta que se autoimpuso el gobierno, ya que el caso farmacias recién tendría una sentencia el primer trimestre del próximo año.
"La audiencia de preparación de juicio oral será el 3 de diciembre. Si bien no me atrevo a aventurar la extensión del juicio, creemos que este debería tener una extensión de uno a dos meses", afirmó el fiscal Morales.
Por esto, durante este gobierno no se vería ninguna intención de cambio de la legislación que defiende la libre competencia.
Conclusiones y propuestas Todos los actores involucrados en libre competencia coinciden en que las conclusiones de la Comisión Rosende (realizada a petición del presidente Piñera y que buscaba ideas para modernizar las normas en la materia) son relevantes. Sin embargo, las diferencias aparecen al momento de definir si se debe penalizar con cárcel este tipo de delitos, o bien si es posible que la justicia penal y la especializada puedan convivir en armonía. Es más, en la propia comisión asesora existieron diferencias entre sus miembros sobre este último punto.
"Lo único sano para la eficiencia de la delación compensada es la derogación del antiguo artículo 285. En la Comisión Asesora Presidencial de Libre Competencia seis de sus miembros estuvieron por no incorporar sanciones penales a la legislación de la competencia", dice el abogado integrante de la comisión, Arturo Yrarrázaval. Jorge Bofill, representante del FNE en el caso, complementa: "El mecanismo de delación compensada es una herramienta muy importante, que funciona en la medida que el delator tenga certeza de que no arriesgará una persecución penal".
Una opinión similar tiene otro de sus miembros, Jorge Rodríguez Grossi, quien defiende a ultranza la delación compensada, pero dejando los juicios exclusivamente para la justicia especializada (Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica), siempre teniendo como última instancia la Corte Suprema.
"Estoy convencido que la mejor herramienta para disminuir los intentos de colusión es la delación compensada y para que ésta sea efectiva requiere una sola sede. De otra forma no hay seguridad para el delator", puntualiza el ex ministro de Economía.
La certeza para el delator es clave para que se logren pesquisar más ilícitos en otras actividades económicas distintas a la industria farmacéutica.
Según los especialistas, el peor escenario se podría generar en el caso de que ambos tribunales tengan diferentes opiniones sobre un mismo caso.
"Eso podría ocurrir, por ejemplo, en aquéllos casos en que no existe poder de mercado o en que una conducta no genera consecuencias anticompetitivas, en los cuales el TDLC podría no sancionar y el Tribunal Penal sí. Debe considerarse además que los estándares de prueba en uno y otro procedimiento no necesariamente coinciden", manifiesta el presidente de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Colegio de Abogados de Chile, Julio Pellegrini.
Según los especialistas, esta situación es perfectamente posible, y de generarse podría poner en jaque al estado de derecho y generar más de un dolor de cabeza al gobierno de turno.
Recuadro:
Justicia dejó en suspenso el caso farmacias y ordenó una nueva audiencia de preparación de juicio.
Corte de Apelaciones de Santiago revocó el acuerdo entre el Ministerio Público y los ejecutivos imputados.
La Corte Suprema ratificó en 2012 la multa del TDLC de US$19 millones contra Cruz Verde y Salcobrand por colusión de precios.
¿Qué ha pasado? El Ministerio Público se hizo parte en el caso farmacias en el área penal, buscando sanciones en contra de los ejecutivos involucrados.
¿Por qué ha pasado? La fiscalía tomó el artículo 285 del Código Penal para intentar penar con cárcel a los involucrados en el caso colusión.
¿Qué consecuencias tiene? El Ministerio Público llegó a un acuerdo con los involucrados, lo que dejó nulo la Corte de Apelaciones, por lo que se deberá iniciar el juicio oral.
1973 Si bien la legislación sobre da sus primeros pasos en 1959, es en 1973, con la promulgación del Decreto Ley N° 211 , que la ley define la creación de un sistema de defensa a la competencia.
1999 Con la Ley 19.610, se entregan mayores atribuciones e independencia a la FNE. Este cuerpo legal define a la Fiscalía Económica como el ente fiscalizador por excelencia.
2003/2004 Es la modificación más importante al sistema. Se crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se despenaliza la colusión, pero se aumentan las multas.
2008 La Fiscalía comienza a desarrollar una investigación sobre concertación de precios de medicamentos. La investigación comenzó por el precio de los anticonceptivos.
2009 En marzo de este año, Fasa admite un acuerdo de concertación y firma un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica, el cual se ratificaría un año más tarde por la Suprema.
2009 Aparece la arista penal en el polémico caso. En marzo, el senador Guido Girardi (PPD) y el diputado Gabriel Silver (DC) presentan una querella criminal contra los responsables.
2009 En el mes de julio se promulga la ley 20.631. Esta modificación entrega más atribuciones a la FNE, aumenta las multas y crea la figura de la delación compensada.
2010 Tras una serie de allanamientos realizados por el Ministerio Público, en marzo se formaliza a 17 ejecutivos de tres farmacias y cinco laboratorios por el delito de alteración fraudulenta de precios.
2011 El presidente Piñera anuncia la creación de la comisión asesora para la protección y el fortalecimiento de la libre competencia, presidida por Francisco Rosende.
2012 En enero, el TDLC condena a Cruz Verde y Salcrobrand a pagar US$19 millones cada una por colusión de precios de medidamentos, entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
2012 En septiembre, tras la apelación de las farmacias multadas, la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida por Sergio Muñoz, confirmó la sanción a Cruz Verde y SalcoBrand.
2012 La comisión entrega sus resultados en julio. Los principales acuerdos pasan por fortalecer la delación compensada e inhibir la presencia penal en los casos de colusión.
2013 En julio, la fiscalía llega a una suspensión condicional con los imputados del caso farmacias. En agosto, el tribunal de alzada suspende el acuerdo y ordena dar curso al juicio.
La comisión asesora presidencial para la defensa de la libre competencia entregó diversos resultados:
Propuso reemplazar el sistema actual de consulta de fusiones (voluntario) por un "sistema mixto".
Recomendó que las multas sean calculadas en base a los beneficios de las conductas anticompetitivas.
Se propuso establecer inhabilidades en cargos para las personas naturales involucradas en colusiones.
Sugirió no penalizar con cárcel conductas anticompetitivas y disuadir en base a multas.
Derogar o modificar los artículos del Código Penal que han permitido la intervención de Ministerio Público.
"Cualquier determinación del gobierno en cuanto a medidas, se implementará después del caso farmacias"
TOMÁS FLORES Subsecretario de Economía
"Nuestro primer objetivo es determinar que hubo una concertación de precios entre los imputados, y así fijar los precios de los medicamentos"
JOSÉ MORALES Fiscal del caso farmacias
"La delación compensada es una herramienta muy importante, que funciona en la medida que el delator tenga certeza de que no arriesgará una persecución penal"
JORGE BOFILL Abogado
"La peor consecuencia que ha tenido la intervención del Ministerio Público es que ha restado eficacia a la delación compensada"
JULIO PELLEGRINI Abogado
"Lo único sano para la eficiencia de la delación compensada es la derogación del antiguo artículo 285"
ARTURO YRARRAZABAL Abogado
"La mejor herramienta para disminuir los intentos de colusión es la delación compensada y para que ésta sea efectiva requiere una sola sede"
JORGE RODRÍGUEZ GROSSI EX ministro de Economía
