El Mercurio
Cuando el juez de garantía Daniel Urrutia ordenó que los reos imputados por un delito en su tribunal y que estén en prisión preventiva el próximo 17 de noviembre -jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias- pudieran votar si es que así lo decidían, abrió un intenso debate entre el Servicio Electoral (Servel), el alto mando de Gendarmería y destacados abogados.
Todo comenzó el 7 junio, cuando luego de visitar el penal Santiago Uno -un recinto exclusivo para imputados- el magistrado del 7° Juzgado de Garantía de Santiago le consultó al alcaide cómo los presos que no han perdido sus derechos ciudadanos podrían votar en la elección primaria. Entonces, el gendarme señaló que también compartía dicha preocupación y que elevaría la inquietud a sus superiores.
Pasaron los días, y los presos no sufragaron en esa elección. Pero ocurre que se aproxima un nuevo proceso, y esta vez el juez Urrutia decretó al Servel que disponga los medios para que los reos puedan votar.
El Servel, representado ante el tribunal por su directora (s), Elizabeth Cabrera, explicó que la normativa interna impide que voten los presos, pues estaría prohibido establecer mesas especiales y que esa situación se repite con los chilenos que están en el extranjero o en hospitales, y no existe forma de trasladarlos a sus mesas con cargo para el Estado.
Planteó que para entender el asunto se debe mirar al sistema electoral como un conjunto complejo que va desde el Registro Civil, municipalidades, y otras instituciones. Agregó que todas las legislaciones propenden a que sufraguen los privados de libertad, que se está desarrollando una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia y que se debe legislar para lograrlo.
En esa misma línea, el coronel y vocero de Gendarmería, Christian Alveal, afirmó que "para que los imputados voten se requeriría de una modificación legal que está fuera del ámbito de acción del servicio. Es de interés de la institución respetar los derechos ciudadanos de los imputados, y se entiende como parte del proceso de reinserción. Pero esto está, repito, en un ámbito distinto al contexto penitenciario".
Precisó que "se debería revisar la Ley 18.566, que establece la orgánica constitucional sobre el sistema de inscripción electoral, y la Ley 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios. En esta última norma, por ejemplo, se tendría que examinar la formación de nuevas mesas receptoras de votos, que no está establecido que funcionen dentro de una cárcel, junto con la designación de vocales de mesas o la formación del Colegio Escrutador y del personal de enlace para las mismas mesas".
A juicio del abogado y académico Miguel Otero, hay dos elementos que se contraponen: "Lo que dice el juez es que hay un derecho constitucionalmente garantizado de ser ciudadanos, y ellos no han dejado de serlo. El problema está en que si usted está en un lugar alejado del recinto de votación, no lo hace".
"Ellos no pueden salir a votar, porque justamente violaron la ley, no pueden llegar a los recintos de votación no porque se les impida, sino por los delitos que han cometido", añadió el ex senador.
Mesas en la cárcel
En tanto, el abogado y ex ministro del Tribunal Constitucional (TC) e integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Mario Fernández aseveró que la instalación de mesas de votación en la cárcel "es lo correcto, porque no todos los privados de libertad han perdido sus derechos ciudadanos".
Expuso que el tema es una preocupación para el consejo del INDH y que "habría negligencia de parte del Estado al no constituir mesas de votación en los penales".
Asimismo, la también abogada y ex defensora nacional Paula Vial sostuvo que "los presos en prisión preventiva son todos ciudadanos; y por lo tanto, no tienen suspendido el derecho a sufragio ni han perdido la calidad de ciudadano. Lo que exige la ley es que la persona esté acusada de un delito o condenada a una pena aflictiva de más de tres años y un día, mientras que el imputado puede ejercer su voto".
Enfatizó que "Gendarmería o el Estado deben velar para que aquellos que están en prisión preventiva puedan votar. Es una inconstitucionalidad que se les esté privando de este derecho".
El próximo 12 de septiembre, a las 14:00 horas, el juez Urrutia fijó una audiencia para revisar el estado de avance de lo ordenado al Servel. Como se argumentó que había una mesa de trabajo en desarrollo entre esta entidad y Justicia, el tribunal espera que entonces se le informe si se determinó un mecanismo para que los imputados del tribunal puedan ejercer su voto.
Al término del primer semestre de este año, en Chile había un total de 11.219 personas presas e imputadas por un delito, según las estadísticas de Gendarmería.
