La Segunda
Hace ya más de un año que el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de nueva carrera docente en el Congreso y sin embargo esta iniciativa —de enorme importancia— no ha tenido movimiento legislativo, luego de un fuerte lobby, especialmente de parte del Colegio de Profesores. Tomando en cuenta lo anterior, la ministra de Educación presentó recientemente en la Comisión de Educación una minuta de cinco puntos que tiene por objeto sacar adelante parte del proyecto, particularmente lo que se relaciona con el inicio de la carrera docente.
Si bien algunos puntos son discutibles, cabe destacar la importancia de tres aspectos de la propuesta. Por una parte, se propone una evaluación obligatoria a mitad de la carrera y otra al egresar, permitiendo una medición cuando todavía es posible tomar medidas correctivas y poner un filtro al final. Por otro lado, se plantea un aumento de las remuneraciones de entrada al ejercicio de la carrera para los mejores egresados y de las asignaciones de excelencia. Esto permitirá que aquellos egresados que hubieran tenido un buen puntaje PSU (600 puntos), buen desempeño durante el estudio de pedagogía (30% mejor de su carrera) o hubieran dado una buena Prueba Inicia puedan aspirar a una mejor remuneración, acreditando su calidad. Junto con lo anterior, esta propuesta plantea disminuir las horas lectivas desde un 75% a un 70%, lo que permitirá que los profesores tengan más tiempo para estudiar, preparar sus clases y apoyar así el aprendizaje de sus alumnos.
Sin perjuicio de que estas propuestas van en la línea correcta, ya que colaboran, junto a otras iniciativas —como la beca Vocación de Profesor—, a atraer a los mejores talentos para que estudien pedagogía, éstas sólo representan la "punta del iceberg". En efecto, el proyecto de nueva carrera docente original introducía incentivos a los profesores para mejorar su desempeño y abría espacios de flexibilidad para sacar de las aulas a los docentes que no cumplían con niveles de calidad adecuados. Esa será sin duda la gran deuda pendiente. Aunque habría sido deseable realizar una reforma integral al Estatuto Docente, parece razonable avanzar a lo menos en aquello en lo que es posible generar consensos
