El Mercurio
En el último tiempo se han dado a conocer algunas propuestas en materia tributaria a las que parece especialmente importante prestar atención. Una de ellas consiste en eliminar el mecanismo conocido usualmente como FUT, que dice relación con la tributación de las empresas. Otra insta por la incorporación de un nuevo tributo, al que se ha denominado impuesto a la riqueza, que se agregue a los ya existentes, y que afecte a las personas cuyo patrimonio exceda de un cierto monto.
Lo que tradicionalmente se ha denominado Potestad Tributaria es una de las facultades más relevantes y poderosas que el orden jurídico puede otorgar al Estado, en la medida que en su virtud se lo habilita para exigir coactivamente de las personas la entrega de recursos. La gravedad de esta atribución se ha comprendido desde muy antiguo en Occidente, y por ello ha estado en la base de la preocupación institucional a lo largo de la historia. Es por eso que al consagrar una potestad de esta naturaleza, en el entendido de que ella resulta necesaria para que el Estado pueda cumplir con las tareas que permiten justificar su existencia, sea indispensable establecer mecanismos de control orientados a evitar que su ejercicio se extralimite y termine perjudicando seriamente la libertad de las personas.
Un elemento muy importante para que exista efectivamente el control a que se ha hecho referencia parece radicar en una cierta visión o principio general que lleve a entender que la carga de la prueba (o, en otros términos, la obligación de justificar) recae en la propuesta que supone la creación o el aumento de los tributos.
Seguir el criterio señalado obliga a revisar no solo las necesidades que se invocan cuando se formula una propuesta específica, sino también las características y efectos concretos de la misma. Esto permite evitar las distorsiones más comunes en este ámbito, que consisten ya sea en pensar que toda propuesta tributaria se debe analizar considerando únicamente la necesidad que se invoca al plantearla, ya en entender que los tributos los pagan solo unas pocas personas, que son las únicas que se verán afectadas negativamente por su carga.
Un análisis cabal y adecuado de una propuesta tributaria supone, por definición, un estudio detallado y cuidadoso de los efectos que ella genera en la situación y actividad de las personas y de la economía en su conjunto.
Es precisamente en este contexto que las propuestas a que se hizo alusión al inicio de este texto resultan muy discutibles.
La eliminación del FUT se traduce (tal como ya ha destacado la gran mayoría de los expertos) en el término de un incentivo muy importante a que las empresas reutilicen en su actividad los recursos que obtienen de ella, antes que transferirlos a sus dueños, lo que no solo favorece el crecimiento del país, sino que, además, es consistente con un esquema tributario que busca gravar más el gasto que el ingreso (lo que resulta más adecuado desde una perspectiva general del diseño del sistema tributario). No se termina de apreciar, en consecuencia, cuál puede ser la necesidad de eliminarlo.
La creación del nuevo tributo a que se ha aludido, por su parte, comparte el efecto injusto propio de todos los gravámenes patrimoniales, que consiste en afectar por segunda vez unos mismos recursos (la primera afectación es la que se produce cuando el titular del patrimonio respectivo genera los ingresos que le permiten adquirir los bienes que componen dicho patrimonio). Además, al igual que en el caso de los gravámenes progresivos, supone una cierta lógica que termina castigando el éxito cuando este supera unos ciertos parámetros que han sido arbitrariamente determinados por la autoridad, lo que, por cierto, no parece consistente con un sistema que busca impulsar el desarrollo.
Una parte fundamental de una institucionalidad que busca resguardar efectivamente la libertad de las personas tiene que ver con que sus reglas en materia tributaria sean consistentes con la lógica que ve en el esfuerzo y la iniciativa individual, antes que en la espera de beneficios otorgados por el Estado, la herramienta clave para el progreso y el crecimiento tanto de las personas como de la sociedad en su conjunto. Parece muy relevante, en consecuencia, que ello se tenga especialmente en cuenta al discutir eventuales modificaciones a dichas reglas.
