La Tercera
Es innegable que el centro de nuestro debate constitucional tiene que ver con la forma muy insatisfactoria en que el sistema institucional vigente regula la expresión de las mayorías y de las minorías políticas.
Nos referimos, por supuesto, al sistema electoral binominal y a las leyes de quórum supramayoritario que, en efecto combinado y en los hechos, entregan un poder de veto a la segunda minoría; la cual, no obstante perder las elecciones, se encuentra institucionalmente en un pie de igualdad con quienes han triunfado en los comicios.
No obstante su centralidad, los temas descritos no agotan la agenda a discutir.
Es necesario reflexionar en serio, y adicionalmente, sobre aquellas cuestiones que dicen relación con el tipo de equilibrio que debe haber entre el gobierno central y otros órganos estatales. Nos estamos refiriendo a definiciones centrales del sistema constitucional chileno que le otorgan una situación política preeminente al Poder Ejecutivo (un sistema de gobierno fuertemente presidencialista y una forma de Estado unitaria marcadamente centralista).
Desde hace un buen tiempo, y desde diferentes sectores, se vienen proponiendo cambios profundos en este terreno. En cuanto al hiperpresidencialismo, las propuestas van desde la morigeración (con fortalecimiento del Congreso Nacional) hasta la instauración de un régimen semipresidencial. En relación con la descentralización política, son muchas las voces que claman por la creación de gobiernos regionales generados democráticamente y dotados de mayor autonomía.
A diferencia de lo que ocurre con la discusión sobre los "cerrojos", el debate sobre el equilibrio institucional es bastante transversal. En efecto, no son pocas las personas de derecha, especialmente de RN, que son favorables a cambios importantes en este campo.
La agenda debe incluir, también, la manera muy limitada en que la Constitución considera la participación ciudadana.
Para quienes pensamos que las instituciones representativas son esenciales para la libertad, el desafío consiste, entonces, en imaginar maneras de incorporar mecanismos de democracia directa que no sólo no destruyan a los partidos y los parlamentos, sino que, además, y en su efecto concreto, sean conciliables con un esfuerzo paralelo de robustecimiento de dichas instituciones representativas.
Somos muchos, en tercer lugar, los que pensamos que el reconocimiento de derechos fundamentales contenido en la Constitución vigente es tímido e insuficiente. Entre otras cosas, hay que avanzar en romper las barreras que limitan la participación de la mujer en la vida pública, debatir la ampliación de la cobertura del Recurso de Protección, fortalecer los derechos sociales (educación, salud, trabajo, seguridad social) y consagrar el carácter social del estado de derecho chileno.
En relación con el tema de los derechos fundamentales hay que considerar, además, la idea de constitucionalizar el reconocimiento de los pueblos indígenas.
