El Mercurio
Señor Director:
La Ley Hinzpeter debiera llamarse Ley de Defensa del Orden Público. Originalmente fue redactada por profesores de derecho procesal y de derecho penal de la U. de Chile y, posteriormente, presentada al Gobierno por la comisión política de RN. Además, ha sido solicitada y recomendada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo A.G. en defensa de los derechos constitucionales del comercio y del orden público.
Esta ley no castiga lo ya ocurrido. Es una ley preventiva al igual que la ley de alcoholes, la que fue aprobada por los mismos que hoy rechazan defender la institucionalidad. Advierte, a quienes incurran en los delitos que esta contempla, que estos no quedarán impunes, sino que serán realmente castigados. No está a favor de este gobierno, sino en favor del orden público, cualquiera sea el gobierno de turno.
Actualmente, los ataques a la policía, a sus instalaciones y vehículos, la destrucción de bienes nacionales y municipales de uso público, de establecimientos comerciales y el saqueo de estos no son delitos contra el orden público que contemple el Código Penal. Este solo sanciona daños o lesiones. Esta ley crea los delitos contra el orden público. Así como ley de alcoholes, que castiga la conducción bajo la influencia de este, ha disminuido considerablemente los accidentes de tránsito por esta causa, la nueva Ley de Defensa del Orden Público será una clara advertencia a los que cometan estos delitos de que se acabó la impunidad, por lo cual deberán pensarlo dos veces antes de cometerlos. Ya no será gratis.
Esta ley en nada atenta contra las manifestaciones y protestas legítimas que sean pacíficas. Todo lo contrario, las protege al procurar impedir que sean usadas por delincuentes y vándalos desperfilando absolutamente su legitimidad y propósito.
Lo recientemente ocurrido con el ataque a un cuartel de Carabineros, la agresión injustificada con arma de fuego en contra de estos por el solo hecho de serlo demuestra lo necesario que es la inmediata aprobación de esta ley.
La Cámara Nacional de Comercio ha hecho presente a cada parlamentario la importancia de aprobar esta ley. De igual manera, la ciudadanía deberá considerarlo al momento de elegir a sus parlamentarios.
Miguel Otero Lathrop. Abogado, profesor de Derecho Procesal Penal y ex senador.
