La Tercera
Una Constitución Política aporta al bien común cuando los distintos sectores del país de que se trata coinciden en considerarla un marco legítimo dentro del cual discutir sus diferencias. Hay problema constitucional cuando la Carta Fundamental de un país, lejos de ser la cancha que todos reconocen como espacio común en el cual llevar adelante la disputa cívica, pasa a ser uno de los elementos sobre los cuales versa, precisamente, la lucha política.
Dos expresiones de la doctrina sirven para graficar en qué consiste concretamente esta propiedad de una "buena Constitución".
En 1979, Dolf Sternberger, y con ocasión de los 40 años de la Ley de Básica de Bonn, escribió un texto en que se refiere al "patriotismo constitucional", esto es, al hecho de que los valores consagrados en dicho texto jurídico estaban cumpliendo el papel integrador habitualmente asociado con las grandes gestas históricas compartidas. Jurgen Habermas ha adoptado el término y ha contribuido decisivamente a su popularización.
En el contexto norteamericano, y ya en 1971, John Rawls escribió sobre la importancia del consenso "traslapado", esto es, aquel conjunto de ideas que, en calidad de acuerdo mínimo, comparten personas que suscriben distintas visiones omnicomprensivas.
Más allá del hecho evidente de que muy pocos compatriotas conocen los contenidos de la Constitución vigente, ello no obsta a que, desde una perspectiva general, ellos puedan tener un juicio global sobre su valor o eficacia. Existe abundante evidencia que sugiere que para un porcentaje importante de la ciudadanía, la Constitución que nos rige es percibida no como un elemento que facilita el desarrollo nacional o fuente de "patriotismo constitucional", sino más bien como un obs-táculo para dicho progreso.
Debo reconocer en este punto que yo fui uno de los que pensaron que la reforma constitucional de 2005 había logrado subsanar los principales problemas de legitimidad que aquejaban a la Constitución. Creí, entonces, que con la supresión de los senadores designados, la eliminación de las disposiciones que reconocían autonomía política a las Fuerzas Armadas y la formalidad consistente en "sacar" la firma de Pinochet, se había logrado, en lo esencial, resolver el problema constitucional. Quienes así razonábamos, debemos reconocer que nos equivocamos. Nuestro error, sin embargo, no radica en la ponderación de la importancia de las reformas de 2005. Contra lo que afirman hoy algunos, dichas enmiendas no fueron cosméticas o menores. Por el contrario, los cambios aprobados en 2005 fueron importantes y profundos. ¿Qué explica, entonces, que pese a tales enmiendas significativas el problema constitucional se haya agudizado dramáticamente en el último año?
Me parece que varias explicaciones son posibles. No se trata de teorías excluyentes. De hecho, lo más probable es que un fenómeno como el que estamos analizando no responda a una sola causa, sino que a varias. Permítaseme dedicar la próxima columna a discutir este asunto.
