El Mercurio
Tras más de cuatro años de intensa investigación, el bullado caso Farmacias está ad portas de finalizar. Ayer, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó una salida alternativa al juicio oral para los diez imputados. Se trata de los ex ejecutivos de FASA Sergio Purcell y Ricardo Ewertz; los ejecutivos de Cruz Verde Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, y los ejecutivos de Salcobrand Roberto Belloni, Ramón Ávila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez. A este grupo se suma el gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman.
Producto de este acuerdo, los ejecutivos -acusados de generar un pacto para subir artificialmente el valor de más de 200 medicamentos- tendrán un año para cumplir con una serie de medidas. Esto, en el marco del procedimiento acordado entre el Ministerio Público y las defensas de los imputados.
1 Donaciones
Los 10 ejecutivos deberán donar $255 millones en total -en dinero o medicamentos- a cuatro instituciones: la Corporación Nacional del Cáncer, Coaniquem, la Cruz Roja, y la Liga Chilena contra la Epilepsia. Las organizaciones las eligió la fiscalía basándose en tres condiciones: presencia a nivel nacional; trayectoria intachable, y que ninguno de los imputados fuera director de alguna de ellas. Así, la fiscalía diseñó una lista de entidades -que contó con la venia de las corporaciones para recibir las donaciones- y luego, de común acuerdo con los imputados, escogieron las organizaciones que recibirán los recursos.
Roberto Belloni y Sergio Purcell deberán donar los mayores montos: $45 millones cada uno.
Los pagos se suman a los US$ 40 millones que debieron cancelar las cadenas farmacéuticas a raíz de la resolución del Tribunal de la Libre Competencia.
2 Cursos de ética
Cuatro imputados -Valdivia, Catalán, Purcell y Ewertz- deberán inscribirse en un programa -de 30 horas- de ética empresarial, buenas prácticas de gobierno corporativo o responsabilidad social de la empresa. El curso debe ser impartido por una universidad que tenga una acreditación de un lapso de cuatro años o más.
3 Responsabilidad de las farmacias
Todos los ejecutivos vinculados a Salcobrand, junto con Zemelman, deberán contribuir a que las empresas farmacéuticas en las que trabajaban al momento de ocurridos los hechos elaboren e implementen un programa de cumplimiento de la normativa de la libre competencia. Además, deberán establecer un modelo de prevención de delitos. Corresponderá a la Fiscalía Regional Centro Norte verificar el cumplimiento de las condiciones.
4 Publicación
Los imputados deberán cofinanciar una publicación -sábado o domingo- en un medio impreso de circulación nacional, en la que se detallen las condiciones resueltas en la audiencia. Esto se hará una semana después de ejecutoriado el acuerdo.
Bajas penas
Si bien se alcanzó un acuerdo concreto entre la fiscalía y los imputados, surgieron varias críticas desde distintos sectores que apuntan a que las penas que arriesgan quienes cometen delitos de colusión son bajas. "Es una mala señal que se pierda de vista el daño a las personas, que durante meses y años se les hizo pagar de sus bolsillos dinero inflado por un grupo de personas que se ponían de acuerdo", aseguró ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich.
En la misma línea, el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, puntualizó que la legislación chilena es insuficiente para hacerse cargo de la colusión. "Este delito es grave y debe ser sancionado drásticamente", aseveró. De hecho, el mismo magistrado Cristián Arriagada explicó que si este caso hubiese llegado a juicio, la sanción habría bordeado los 21 días en restricciones, pero sin privación de libertad.
El senador Guido Girardi manifestó, a la salida de la audiencia, que propondrá una reforma al Código Penal que sancione más drásticamente estos delitos. "Queremos que, como en todo el mundo, la colusión tenga una sanción verdadera. Vamos a reponer en el Código Penal sanciones penales", enfatizó.
Durante la instancia, el querellante Jaime Mulet se opuso al acuerdo alcanzado, y estaría evaluando apelar ante la Corte de Apelaciones. Conocedores sostienen, no obstante, que es complejo que se revierta la sentencia. Dado ese escenario, el caso llegaría a su fin con esta resolución.
Expertos critican legislación para enfrentar colusión
"Era un caso difícil de ganar". manifestó la directora del Centro de Libre Competencia UC, María Elina Cruz, argumentando que la conducta de colusión no está contemplada en el Código Penal.
"Lo que está contemplado es una figura de aumento sobre los precios naturales de un producto, lo cual genera muchos problemas, porque sobre un precio natural se produce un aumento fraudulento (...) Entonces es muy difícil para un juez determinar si esa conducta se da o no en la realidad", explicó.
En este sentido, añadió que el acuerdo que se estableció fue el correcto. "No es la pena ideal de una colusión, pero tampoco es la sede ideal para discutirla", señaló.
A juicio de Cruz, es un problema que hoy la colusión se considere un delito, pues desincentiva el uso de la delación compensada, que permite al denunciante de un cartel acogerse a ciertos beneficios. "En Chile hemos descubierto tres carteles y en realidad deberíamos haber descubierto 10 o 20". Esto pasa porque a la empresa se le perdona la multa, pero no el delito a quienes lo cometen, explicó Cruz.
Para Julio Alvear, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, "el problema no es tanto la colusión, sino que la estructura y el funcionamiento del mercado de medicamentos y la noción de farmacia tal como existe actualmente".
Y agregó, respecto del acuerdo: "Clases de ética empresarial como solución no tienen mucho sentido. La donación es algo interesante, pero hay un problema de precedente, que es la ausencia en la legislación chilena de una tipificación penal de la colusión. Frente a esa ausencia es bastante poco lo que se puede hacer", precisando que la colusión debiera ser penada con cárcel. Esto, opinó, porque ese delito afecta los derechos fundamentales de las personas.
