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Directorio de la Asociación de Telefonía Móvil de Chile. Un experto del Centro de Libre Competencia de la UC, que asesora al gremio, levanta la mano: "Esos temas no se pueden tratar", lanza.
La escena es consecuencia de la guía lanzada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en enero de 2011, para orientar a las asociaciones gremiales sobre cómo cumplir con la ley de Libre Competencia. Fue a fines de 2011 cuando la FNE demandó por colusión ante el Tribunal de la Competencia a las principales empresas del rubro (Agro-super, Ariztía y Súper Pollo), junto al gremio que agrupa a las compañías, la Asociación de Productores Avícolas, solicitando a cada actor millonarias multas.
Tras este caso, las reuniones al interior de los gremios son cada vez más normadas. Más aún. Algunos gremios evitan hoy por hoy hasta solicitar encuestas y estudios para evitar cualquier atisbo que pueda terminar en una demanda por colusión.
"Es importante la guía, porque muestra cómo la fiscalía está mirando a las asociaciones gremiales: como una instancia que hasta ahora era buena para la industria, pero la está mirando con mucho resquemor", destaca la directora del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, María Elina Cruz. "En Atelmo, con la asesoría del Centro de Libre Competencia, si pasa cualquier cosa se para la reunión y se termina la conversación entre los representantes de las empresas", añade la académica. Desde los gremios, la visión es crítica.
"Esto se ha llevado al extremo. El sólo hecho que uno solicitara reuniones pareciera que uno está coludido", sostiene el presidente de Asexma, Roberto Fantuzzi.
La presidenta de la Asociación de Supermercados (Asach), Susana Carey, dice que la guía "no le encuentra mucho sentido ni siquiera a la existencia de las asociaciones gremiales; no estoy de acuerdo con ese tono".
Rodrigo Castillo, director Ejecutivo de Empresas Eléctricas, añade: "Para aquellos gremios que concentran a competidores entre sí, el tema es más delicado, porque lo que plantea la fiscalía es justamente el potencial colusorio que podría existir en la labor gremial". Otros evitaron pronunciarse sobre el documento, aunque hubo unos que calificaron la normativa como "terrorífica" y que pone en riesgo la labor de las asociaciones.
Próximos pasos
En los próximos días, el Tribunal Constitucional (TC) pondría en tabla uno de los litigios más emblemáticos en materia de libre competencia en Chile.
Esto, luego que el gerente general de Empresas Ariztía, Ismael Correa, solicitara al TC declarar inconstitucional el que se le cite a declarar como parte del caso que analiza el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Altas fuente del TC confirman que el órgano mantiene en promedio de vista dos causas por semana, lo que significa que a mediados de junio el tribunal vería la solicitud de la productora avícola.
"A partir de esa fecha, es cosa de días para que se cite a las partes para el inicio de los alegatos", confirma una alta fuente del estamento, añadiendo que la sentencia estaría durante este semestre.
Tras esto, el caso podría ser retomado en el TDLC, el que decidirá si aplica la multa de US$27 millones para cada empresa (Agrosuper, Don Pollo y Ariztía) y ordena la disolución de la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA).
Según explica el presidente del TDLC, Tomás Menchaca, la etapa de pruebas culminaría a fines de año y "vamos a hacer lo posible para apurar el proceso, pero en este período es cuando menos depende de nosotros". Eso sí, la sentencia del caso -estima- vendría sólo en el primer semestre de 2014.
