El Mercurio Legal
El 29 de enero el Ejecutivo presentaba en La Moneda el proyecto de ley que busca introducir reformas al proceso penal, y poco después la iniciativa, bautizada como "Reforma a la reforma", ingresaba al Congreso para su discusión. Hoy se encuentra en su primer trámite constitucional y ya cuenta con el correspondiente informe de la Corte Suprema. El máximo tribunal se manifestó favorable en general a las modificaciones propuestas, pero dejó constancia de sus reparos.
Como el proyecto fue ingresado por el Senado, toca ahora a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia conocer su contenido. La ministra de Justicia, Patricia Pérez, espera que la reforma sea puesta en tabla próximamente, luego de la semana distrital, pero la senadora Soledad Alvear, miembro de dicha instancia, recuerda que todo depende de la urgencia que decida ponerle el Gobierno. Actualmente, el sitio de la Cámara Alta indica que está con urgencia simple (Boletín 8810-07).
Sobre esta iniciativa trató el segundo seminario organizado por El Mercurio Legal, en el que participaron autoridades y académicos especialistas en la materia (ver recuadros).
¿Cuál es el eje central del proyecto? Lo principal, dice la ministra Pérez, es "pasar de los casos policialmente resueltos a los judicialmente resueltos y esto tiene que ver con un cambio de paradigma". A su juicio, si bien han existido seis modificaciones al Código Procesal Penal antes, ninguna había abordado "el corazón del sistema" y éste —explica— "tiene que ver justamente con la capacitación y la coordinación, porque la contribución de cada institución al proceso en su conjunto va de la mano con lo que puedan hacer las demás".
Para la elaboración de la reforma, el Ejecutivo designó una Comisión Asesora Presidencial, cuyo trabajo fue analizado posteriormente por la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal.
Coordinación y capacitación
El profesor de la U. de Chile, Jorge Bofill, miembro de la primera de estas instancias, concuerda con la ministra en cuanto a que la coordinación y la capacitación son clave para quienes esperan un sistema más eficiente y con menos errores, porque —en su opinión— no se trata sólo de introducir cambios a la legislación cuando se detecten problemas.
"Para decirlo de manera sencilla: una de las conclusiones a las que arribó la comisión (asesora presidencial) y que, luego, el Gobierno hizo suyas, es que se pueden hacer muchos esfuerzos por revisar la normativa vigente e introducir cambios a la misma allí donde se detecten problemas —de hecho, el proyecto de ley propone una serie de modificaciones al Código Procesal Penal—, pero nada de ello producirá cambios fundamentales en el funcionamiento del sistema si sus actores, principalmente el Ministerio Público y las policías no realizan mejoras importantes en su coordinación y en la formación y capacitación de quienes se desempeñan en tareas de investigación", comenta.
Control al Ministerio Público
Un segundo asunto que preocupa a los expertos es el control de los fiscales y, a su vez, de la Fiscalía, ya sea en términos administrativos como en materia financiera. Y, de hecho, es un tema que podría incorporarse al actual proyecto —que originalmente no lo contempla en su articulado— cuando comience la discusión legislativa.
A modo de ejemplo, el profesor de la U. de Chile y también comisionado de la entidad asesora presidencial, Julián López, contó que en el Colegio de Abogados —del que es consejero— se había solicitado conocer el número de reclamos por formalizaciones arbitrarias a 2011: eran 20 y ninguno se había acogido. El funcionamiento en la práctica habría hecho que el control administrativo fuera inoperante, explica, pues los fiscales adjuntos toman las decisiones tras consultarlas con sus superiores. "Debiera ser la misma Fiscalía, pero si se sigue así, no va a haber más alternativa que el control jurisdiccional".
Guillermo Piedrabuena, ex fiscal nacional y profesor de la UC, agrega que el proyecto mantiene el criterio de que deben ser las autoridades superiores del Ministerio Público las que controlen efectivamente las deficiencias administrativas de algunos fiscales, pero "cabe analizar si ha dado resultado hasta ahora el control administrativo de las autoridades superiores del Ministerio Público (...) si no funciona hay que adoptar una solución y una de ellas es dotar de algunas facultades a la jurisdicción para evitar la frustración de una investigación".
Mientras que desde otra perspectiva, la senadora Alvear, pensando en un control del ámbito financiero de la Fiscalía y constitucional de las instrucciones del fiscal nacional, estaría por plantear el tema en la discusión parlamentaria para intentar incorporarlo a la iniciativa.
¿Cuál es la posición del Poder Judicial? Lo primero, dice el ministro Milton Juica, presidente Sala Penal de la Corte Suprema, es estar consciente del riesgo que implica avanzar hacia un endurecimiento del actual proceso, pues si bien el antiguo sistema inquisitivo "está larvado, siempre puede volver". Y luego continuó haciendo un análisis de algunas de las modificaciones de la reforma, de acuerdo a lo expuesto en el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la materia (ver detalle en recuadro).
Lo que falta
Para Mauricio Duce, profesor investigador de la UDP, buena parte de los problemas de esta reforma tienen que ver con cómo se llevó adelante —como reacción a un caso de alto impacto público— y ello, en su opinión, se traduce en que el proyecto esté "más verde de lo que lo que debiera", así como que su elaboración consolida una práctica de efectuar reformas legislativas sin apoyo de evidencia sólida, lo que es "indispensable para darle un sustento técnico a las propuestas y aspirar a que ellas toquen temas de relevancia práctica para su funcionamiento".
¿Cómo se puede lograr esto?, el académico afirma que mediante diversas vías: considerando las diversas investigaciones que existen en varias áreas, accediendo a la enorme cantidad de datos que producen las instituciones del sistema y encarando la labor de complementar aquello con la elaboracion de estudios o diagnosticos en áreas deficitarias de informacion.
Mientras que Ana María Morales, directora área Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, plantea que una de las mejoras que debiese introducirse al sistema son las técnicas de análisis criminal en la persecución penal (ver detalle en recuadro).
La inauguración del segundo seminario organizado por El Mercurio Legal estuvo a cargo del director del diario El Mercurio, Cristián Zegers, quien recordó que esta es la reforma más importante propuesta al nuevo sistema procesal penal, instaurado hace ya más de una década.
Guillermo Piedrabuena: más derecho a las víctimas
Su exposición se centró en las víctimas. Su postura es que éstas tienen derecho a ejercer la acción penal pública, lo que estaría refrendado por la reforma constitucional de 1997 y en el artículo 53 del C.P.P.
Estuvo de acuerdo en incorporar requisitos a la suspensión condicional, porque a veces encubre acuerdos entre fiscales y defensores para terminar procesos de alguna gravedad.
También se refirió extensamente al fortalecimiento del control administrativo del Ministerio Público y dijo que hay coincidencia en que existen deficiencias en el actuar de los fiscales, aunque algunas se expliquen por su insuficiente número. Y aunque el proyecto mantenga el criterio de que deben ser las autoridades superiores las que controlen el actuar de los fiscales, se mostró partidario de darle atribuciones de control a la jurisdicción en protección a los intereses de las víctimas.
