Revista Qué Pasa Energía
Alejandro Vergara Blanco -del estudio Vergara & CÍa. y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica- patrocina al Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDECSIC) en su denuncia contra la Comisión Nacional de Energía (CNE). Explica que el modelo eléctrico ha ido evolucionando desde que fue creado, hace 30 años. Los sucesivos gobiernos y parlamentos, con diferentes mayorías políticas, fueron aceptándolo y lo mejoraron. Por eso cuestiona la forma de actuar de la actual administración, porque casi no hay agenda energética, pese a que se formó la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico. "En esta materia, se hizo todo lo contrario a lo que la CADE propuso. Dijo que había que darles autonomía a los CDEC y el nuevo reglamento que está en Contraloría reincide en quitársela", dice.
-¿Qué va contra la independencia?
-Básicamente, la autonomía significa el poder de desarrollar una tarea o función sin la intromisión de la autoridad. En este caso es la coordinación que está entregada a los CDEC. Es contradictorio con esa autonomía que el presidente lo reglamente. Entonces, con mayor razón afecta la autonomía que la CNE pueda intentar reemplazar las decisiones autónomas de los CDEC. La ley no le entrega a este organismo del Estado el poder de revisar los procedimientos internos de los CDEC.
-Pero la piedra angular es que se está haciendo mal uso de la herramienta del informe favorable...
-Claro. La capacidad del Estado debe ser importante como ordenador, pero se crearon autonomías y modelos de autogestión. Algunos poderosos, como el Banco Central, y otras que están peor escritas en la ley, como los CDEC, que coordinan de forma autónoma e independiente al sistema eléctrico y ejercen funciones que otrora las hacía el Estado. El problema surge cuando llega un burócrata demasiado animoso y se encuentra con un CDEC autónomo. Y dice "bueno, soy autoridad y debiera poder coordinar". No hay conciencia de la profundidad de la autonomía de la gestión encargada a los CDEC.
-¿No es necesaria una coordinación?
-Según la ley, el CDEC es el que coordina. Si bien puede haber un diálogo directo para actuar en conjunto, la ley no le entrega a la CNE ninguna autoridad sobre ellos, salvo dictar normas técnicas y aprobar su presupuesto.
-¿Qué rol debería jugar la CNE?
-La CNE tiene un rol de servicio público definido por ley, como fijar tarifas y estar observando. No tiene un rol ordenador -como la superintendencia- ni de fomento. La CNE debe ser un grupo pensante, dirigido a hacer mejores regulaciones. Y, si quiere dominar al CDEC, debería enviar una ley al Parlamento.
-¿La CNE tiene un afán de ir más allá de sus facultades?
-En este caso, la CNE está intentando reemplazar las potestades autónomas de los CDEC. Respecto a lo de la Dirección de Peajes del CDEC-SIC, fue más grave porque además quiso desacatar un dictamen del panel de expertos. Nadie duda que la CNE esté intentando actuar en pos del bien público, según su interpretación, pero eso es salirse del marco regulatorio.
-¿Cómo afecta esta denuncia al nuevo reglamento?
-Se le está diciendo a Contraloría que hay un órgano administrativo que está incurriendo en exceso o abuso de poder. El recurso cuestiona que la CNE intente reemplazar la voluntad del CDEC en un procedimiento de la Dirección de Peajes. Y la CNE dirá que ella tiene potestades en virtud del artículo 10 del reglamento, en su versión de 2007. Lo que el CDEC le dice a Contraloría es que ese artículo es ilegal. Lo complejo es que Contraloría tomó razón de ello en 2007. Pero el reglamento se excedió y no tenía la posibilidad de darle a la CNE la potestad de revisar las decisiones autónomas de los CDEC. Eso sólo podría hacerse mediante una ley.
