El Mercurio
Hoy, el ministro de Educación, Harald Beyer, cumple 49 años. Pero lejos de celebrar, estará concentrado en la comisión que evalúa la acusación constitucional en su contra, que hoy termina su trabajo y debe resolver si acepta o no el informe sobre el libelo.
Para reunir antecedentes e información, los miembros de dicha instancia -los diputados UDI Cristián Letelier, Mónica Zalaquett y Gastón von Mühlenbrock, además del DC Fuad Chahín- han invitado a una serie de profesionales para que expongan sus impresiones sobre las eventuales responsabilidades de Beyer.
Ayer fue el turno de los abogados constitucionalistas Tomás Jordán y Arturo Fermandois, además del presidente del Consejo Nacional de Educación (Cned), Ignacio Irarrázaval.
Primero expuso Jordán, quien señaló que la defensa del titular de Educación no estaba "bien planteada" en su forma y que algunos de los cargos habrían quedado sin responder.
Pero fue Fermandois, quien llegó a las 12:00 horas en punto, el que se encargó de analizar el fondo de la acusación, enfatizando que las normas en materia de educación son "bastante genéricas". "No tienen la nitidez suficiente para imputar una omisión", explicó, coincidiendo así con uno de los principales argumentos que presentó la defensa del ministro.
En esa línea, Fermandois añadió su preocupación por la ley y su falta de precisión respecto de las fiscalizaciones y sanciones que se les pueden aplicar a las universidades. "La norma de la cancelación de la personalidad jurídica -el cierre de una institución- tiene varios defectos, porque llama a que el funcionario que la vaya a aplicar -ministro en este caso- ejerza mayor prudencia (...) Esa norma no tiene graduación: o es la cancelación de la personalidad jurídica o nada. Entonces, mi reflexión es que el Poder Legislativo debe hacer un esfuerzo en dotar de instrumentos más perfeccionados para fiscalizar a las universidades", afirmó. Y agregó que "además de esta falencia, está aceptado en derecho constitucional que la cancelación de la personalidad jurídica debe ser una atribución exclusiva de los tribunales de justicia, lo que la hace defectuosa ante la constitución e invita a mucha prudencia en su utilización por un funcionario de gobierno".
Enfatizó que al acusar "por omisión", el cargo debe estar "sumamente definido, probado, y es la ley la que tiene que indicar exactamente los plazos, el tipo de conducta y nítidamente qué es lo que el funcionario debe realizar". De ahí que el problema, según Fermandois, es que la legislación actual es muy "genérica".
A su juicio, "es un hecho que las herramientas para la fiscalización son escasas", que el marco regulatorio es "precario" y que, por ello, el grado de tolerancia ante el ministro debiera ser mayor que "si tuviera instrumentos graduados y dosificados para exigir el cumplimiento de los estatutos".
"Pertinente y oportuno"
Según el presidente de la Comisión, el diputado Letelier, "Fermandois fue muy claro en señalar que la causal del lucro no está establecida como para cerrar una universidad o imponerle sanción".
Luego de exponer el caso de la Universidad del Mar por más de una hora, el presidente del Cned, Ignacio Irarrázaval, dijo que la fiscalización del plantel por parte del ministro fue una "iniciativa pertinente en el momento oportuno".
Según explicó, la investigación que hizo el Mineduc estuvo dentro de las pocas atribuciones que la ley le da ante una institución autónoma, situación que es muy distinta a la de las casas de estudio que no están en esa categoría, y que sí pueden ser semestralmente evaluadas por el Consejo. Y si bien coincidió respecto de la ambigüedad de la actual legislación, sostuvo que "si uno mira hacia atrás, ve que hay hechos que se podrían haber previsto, porque la Ley General de Aseguramiento de la Calidad de la Educación dio algunas luces de alarma. ¿Por qué entonces no se actuó?".
Irarrázaval agregó que la investigación de 2004 que hizo el entonces Consejo Superior de Educación no tuvo el carácter fiscalizador que ahora impulsó Beyer, y que en ese momento los antecedentes presentados no permitieron definir sanciones.
La comisión votará hoy su informe. Si lo rechaza, el jueves -cuando se vote en la sala- un representante de los acusadores tendría la palabra en primera instancia. Si va con recomendación de aprobarse, en cambio, será el abogado del ministro, Enrique Barros, el primero en hablar.
