La Tercera
Señor director:
Conocidas las opiniones del presidente de la Corte Suprema, con motivo de la inauguración del año judicial 2013, creo pertinente subrayar algunos desafíos que la administración de justicia en nuestro país tiene por delante, en el corto plazo.
Existe en el foro y en la academia una creciente y justificada preocupación por la independencia del Poder Judicial. Lo anterior se ha visto motivado por dos temas de reciente discusión.
El primero, es el sistema de nombramiento de los jueces, especialmente de los ministros de la Corte Suprema, donde pareciera que más relevante que la calidad personal y profesional de los candidatos, son sus fallos anteriores en relación con temas en los que puede advertirse una consideración política.
El segundo se refiere a las motivaciones de las sentencias judiciales. Uno se pregunta si existe verdadera objetividad e imparcialidad cuando el juez falla de acuerdo con su determinada idea de sociedad. El llamado activismo judicial puede devenir en una verdadera falta de independencia frente a los hechos y la ley a aplicar. Ejemplos recientes han surgido respecto de la aplicación de las normas del procedimiento penal, y en materias medioambientales. La creación de tribunales especiales en materias tan distintas como el derecho del medioambiente y el derecho tributario, plantean el desafío de asegurar fallos técnicos y no políticos.
Además de esto, se discute actualmente en el Congreso Nacional un proyecto de reforma al procedimiento civil de enormes consecuencias procesales e institucionales, respecto del rol que juega la Corte Suprema en nuestra sociedad. En ese sentido, la comunidad jurídica ha planteado reparos que sería bueno debatir abiertamente, para llegar a soluciones que, asegurando la celeridad, amparen verdaderamente los derechos de las personas.
