Mercurio Legal
La mayoría de las clínicas jurídicas de las universidades nacieron con dos objetivos. Por un lado, ser un espacio de complemento a la formación de los alumnos y, por otro, prestar un servicio a la comunidad atendiendo gratuitamente.
Hoy, la mayoría de las universidades ha incorporado en sus sistemas educativos la realización de clínicas jurídicas. Algunas de manera obligatoria, siendo un ramo más a evaluar y, en otras, como un sistema complementario de formación.
No obstante, sea cual sea la modalidad lo cierto es que la participación en ellas es vista como una oportunidad certera para los alumnos para desarrollar habilidades que sólo se ven en el desarrollo profesional.
Su implementación varía de acuerdo al enfoque que la universidad le dé a este espacio. Las formas van desde cursos por temáticas definidas hasta la realización de alianzas globales de asesoría con organizaciones sociales. Pero todas tienen en común el contacto directo con casos reales. Derecho de familia y civil y atención a microempresarios son las materias más solicitadas.
El protagonista es el alumno
Brindar servicio de asistencia judicial y también ser un aporte en materia de docencia, es en la mayoría de los casos el objetivo que precedió la implementación de las clínicas jurídicas en las casas universitarias.
Esto, incluso en una de las clínicas más antiguas como lo es el Departamento de Prácticas y Asistencia Legal (Depal) de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, cuyo inicio data de 1970. Esta iniciativa buscó desde sus inicios enseñar el derecho a partir de casos concretos, dándole espacio a la responsabilidad profesional, explica Jaime Castillo, Director Interino de Depal.
Actualmente, se imparte como una asignatura dentro de la malla, sin que nadie pueda egresar si no la ha aprobado. Con esta dinámica se logran atender más de dos mil 500 causas al año, entre consultas y casos.
Si bien hay universidades que hacen clínicas con un enfoque de atención colectivo, Depal UC está orientado más bien a personas individuales, a través de orientación legal y patrocinio judicial. Las temáticas más consultadas son familia y materias civiles como arrendamiento, cobros, deudas, tercerías, posesiones efectivas y cambios de nombre.
Se organiza a través de 13 consultorios de no más de 25 alumnos. Tiene centros de atención en Santiago, La Florida y Peñalolén, cuyos casos son derivados por la municipalidad respectiva.
Los cursos están a cargo de un profesor quien, junto a un ayudante, realiza clases teóricas en el aula y, luego, apoya a los alumnos en los consultorios jurídicos. En los diferentes grupos se enseñan contenidos comunes como técnicas de entrevista, herramientas para obtener información y hasta empatía con el solicitante.
En opinión de Jaime Castillo, lo que más le cuesta a los alumnos es justamente la interacción con el patrocinado. Es común que al inicio surjan muchas preguntas, "¿estoy hablando claramente?, ¿entenderá lo que le quiero explicar?, ¿cómo empatizo con el solicitante?".
Un funcionamiento similar es el que tiene la Clínica Jurídica de la Universidad Andrés Bello (UNAB). Existe desde que se creó la carrera, el año 1988. Además de Santiago, están también presentes en Viña del Mar.
"Al ser un curso obligatorio (...), el objetivo está dado por entregar al alumno las herramientas y destrezas necesarias para que pueda asumir la defensa de los intereses de una persona ante los tribunales de justicia u otra institución", explica Ronald Sánchez, Director de la Clínica.
Explica que el compromiso social que tiene incorporada la carrera, también lleva a tratar de entregar a la sociedad un espacio donde se pueda encontrar respuesta a inquietudes jurídico-legales. "El rol protagónico es del alumno, quien asume la defensa de la persona, asistido por su profesor abogado", agrega.
Las estadísticas dicen que entre el segundo semestre de 2011 y el primer semestre de 2012, se atendieron alrededor de 2.100 casos en la clínica de Santiago, correspondientes a: causas patrocinadas en la clínica Santiago, causas en consultorios externos, contestaciones de acusación fiscal, posesiones efectivas, informes y asesorías y orientaciones legales
Esta instancia, además, ha establecido convenios con diversas entidades para poner en práctica las asesorías, entre ellas, Servicio de Registro Civil e Identificación, Municipalidad de Santiago, Comisión Defensora Ciudadana, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Pero además, el programa contempla asistencia legal y judicial a los funcionarios de la propia universidad.
En la Universidad de Los Andes, la clínica existe desde inicios de 2012 y tiene oficinas en el centro de Santiago. Según explica Marcelo Nasser, Director de la Clínica Jurídica, este ramo se configura como un curso participativo, con responsabilidades claras asignadas a los alumnos.
Se trata de generar una oportunidad de relacionarse con la realidad, fundamentalmente con personas que no tienen recursos para pagar abogados. "Pero cuyos problemas son muy relevantes, y que ordinariamente comprometen buena parte de su patrimonio", dice.
Se reciben casos judiciales y asuntos de índole extrajudicial, tales como constitución de personas jurídicas, posesiones efectivas ante el Registro civil, entre otras. Y funciona con convenios suscritos con diversos organismos, entre ellos, la Municipalidad de Recoleta, el Servicio Nacional de la Discapacidad y otras organizaciones sin fines de lucro.
Desde su funcionamiento se han atendido casi 400 casos, que van desde algunas orientaciones hasta patrocinios judiciales, pasando por negociaciones, recursos de protección, particiones, asuntos de consumidor, responsabilidad médica y del Estado.
Especialidades y voluntariedad
Si bien la mayoría de las Clínicas Jurídicas de las universidades se han puesto en funcionamiento utilizando un modelo de trabajo similar, donde existe la obligatoriedad, los cursos no tienen especialidad y las estadísticas de atenciones son relevantes, lo cierto es que existen otras propuestas al modelo.
Una de ellas es la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, cuya existencia data desde que se creó la carrera de derecho, con el objetivo de formar a los alumnos y expresar el sello de la universidad de vincularse con el medio y prestar un servicio a la comunidad.
Si bien —al igual que en la mayoría de los casos— es un ramo obligatorio, aporta un elemento diferente al estar organizada por especialidad. En este caso, se divide en las siguientes materias: civil, de familia, de mediación, penal, de migrantes y de interés público. De este modo, los alumnos eligen la clínica de acuerdo a su área de interés.
Cada curso está integrado por diez o 12 alumnos que trabajan en equipos, a cargo de un profesor y un ayudante que también es abogado.
De acuerdo a lo que explica Paula Correa, Coordinadora de Clínicas Jurídicas de la universidad, éste es un curso de destrezas que tiene por objeto que los alumnos aprendan ciertas herramientas y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión.
Asimismo, agrega que las clínicas no son masivas, ya que el objetivo central de ellas es de carácter docente, dejando de lado la pretensión de atender muchos casos.
Del mismo modo, la Universidad Adolfo Ibáñez, también aporta un elemento diferenciador en la manera en cómo organiza su Clínica. Nació en 2010, a partir de una reunión con la Municipalidad de Peñalolén para ver cuáles eran las necesidades que tenía en el campo legal, identificándose así la ayuda a la formalización de emprendimientos. Así, se estableció una alianza con el Centro de Empleo y Emprendimiento de dicha comuna.
El trabajo se organiza semestralmente a través de grupos de siete a 10 alumnos, atendiendo en dos meses diez a 20 casos. Los temas suelen ser societarios, tributarios, laborales, contractuales, además de temas de marcas, propiedad intelectual y asuntos reglamentarios como patentes y permisos. Los gastos notariales corren por parte de los solicitantes.
Angie Armer, profesora a cargo de la Clínica Jurídica de esta casa de estudios, trabaja en conjunto con la académica Daniela Lanel, en Santiago. En la sede Viña del Mar, donde también se replicó el modelo, se estableció un convenio con Acción Emprendedora, a cargo del abogado Matías Donoso.
En ambas clínicas, el sistema está dirigido a alumnos de 4to año, pero es un curso optativo, donde se debe pasar por un proceso de selección. "Queremos que formar parte de este grupo sea una experiencia de excelencia y un privilegio", comenta Angie Armer.
Es así que se les enseña a los alumnos a hacer preguntas clave, a cómo formalizar un negocio, las consideraciones éticas en las representaciones pro bono, y otras. Pero aunque el curso es optativo, es evaluado, pudiendo reprobarlo incluso si se pierden reuniones con clientes.
Desde su perspectiva hay dos cosas que se sacan en limpio a partir de esta experiencia. En primer lugar, los alumnos nunca entienden la importancia de los detalles hasta pasar por una clínica. "Empieza a entender recién que un error de ortografía en el nombre de la sociedad va a perjudicar a una persona que no podrá pagar por una abogado para subsanarlo", dice.
Y en segundo lugar, explica, se logra tomar en serio el caso ya que son clientes reales. De este modo, los alumnos sienten que efectivamente están haciendo algo por alguien que lo necesita y que no puede pagar.
