La Tercera
Con el posible traspaso de Conicyt desde el Ministerio de Educación al de Economía, se ha producido un interesante debate sobre la función de la investigación y quién debe guiarla. El ambiente universitario y de educación es el que mejor puede orientar los esfuerzos constantes, metódicos y bien trazados de investigación.
Los profesores, más allá de productividades y rendimientos, no somos solamente meros portadores de conocimientos, sino que también formadores de individuos. Si perdemos la dimensión humana de lo que hacemos a diario y nos centramos en una carrera pragmática de conocimientos para alcanzar los mejores rendimientos posibles como país, estaremos entendiendo el proceso de creación e investigación de una manera sesgada. Es precisamente éste el mayor riesgo, pues ello sólo genera bolsones de ignorancia maquillados de eficiencia.
Hablando desde el punto de vista de quien forma abogados, en sus diferentes grados de especialización, nuestro objetivo, como profesores de Derecho, es buscar la manera de mejorar la convivencia social a través de la solución de los problemas del tráfico jurídico. Miremos un momento lo que está pasando con los actuales debates sobre las reformas procesales en materia civil o penal. Nuestras investigaciones buscan mejorar estas reglas y revisar los postulados que existen y, sin embargo, advertimos cómo el proceso legislativo, en su conjunto, valora las reformas a partir de la reacción a una decisión judicial sobre un barrista que salió libre luego de haber confesado un crimen. Así no se trabaja en la investigación seria y de largo plazo. Si las decisiones de los tribunales son pobres, pues investiguemos sus causas.
Pensará el economista que estamos lejos de sus reflexiones sobre lo que es urgente, y lo que necesita ser hoy más valorado, la productividad. Se escucha que es necesario aumentar la competitividad del país en ciertas áreas y la industria considera que ello no es del todo realizable en el Ministerio de Educación. No está de más entonces recordar aquí que el principio de efectividad, que mide el grado de adecuación de la norma jurídica a los objetivos que la legitiman, nace de la virtud cardinal de la justicia. Alguien debe explicarla, porque de lo contrario, no se entiende por qué es una aspiración humana el realizarla en sociedad.
Si la investigación se reduce a la competencia y la efectividad, entonces una gran cantidad de esfuerzos por mejorar nuestros sistemas jurídicos se perderán por falta de incentivos y continuaremos, se lo puedo garantizar, en el mismo lugar o más atrás, porque no investigaremos el por qué no mejora el sistema procesal penal, civil o laboral, o el problema indígena, entre otros.
Si el país es competitivo, pero no tiene, por ejemplo, un sistema jurídico sólido y bien legislado; si su nivel de reacción y creación legislativa es irreflexiva y apresurada, no elimina problemas, sino más bien los eterniza, y hasta los avances en la propia economía se pierden o disminuyen. Si se quiere avanzar en este punto, no se puede estar al alero de la competitividad exclusivamente; para avanzar hay que conocer, y el conocimiento no es instantáneo. No se debe olvidar que el tiempo se venga de las cosas que no se hacen con su ayuda.
