La Segunda
Sorpresa e indignación causó en la opinión pública, expertos en Derecho y parlamentarios, la decisión adoptada anoche por la magistrada Natacha Ruz, del 13° Juzgado de Garantía, de dejar libre y sin ninguna medida cautelar al barrista de la Universidad de Chile que confesó el homicidio a tiros de un miembro de la Garra Blanca.
Mientras que algunos lo consideraron "lamentable" y "contraproducente", otros pusieron énfasis en los problemas que estaría presentando la legislación chilena. Se llegó a decir incluso que las penas por homicidio en nuestro país "son las más bajas de todo Occidente".
El crimen ocurrió la noche del domingo en Macul, cuando Claudio Lincaqueo San Martín iba a bordo de una camioneta con amigos y fue interceptado por un vehículo en Américo Vespucio, desde el cual dispararon en reiteradas oportunidades. El hombre murió y otro quedó herido. Gracias a imágenes de cámaras de vigilancia se determinó que el autor sería Pablo Avila Méndez, miembro de "Los de Abajo". Este último confesó, asegurando que todo se debía a rencillas anteriores entre barras. Incluso dijo sentirse arrepentido.
Con estos antecedentes, la jueza de garantía del 13° juzgado de Santiago, Natacha Ruz, determinó que, debido a que el hombre no tenía prontuario, no existía peligro de fuga y había colaborado en la investigación, no debía quedar detenido, bastando con citarlo para hoy para su formalización en los tribunales.
Esta mañana la casa de Avila amaneció rodeada por medios de prensa, por lo que la familia pidió ayuda a Carabineros para sacar al hombre del lugar. No se detalló si también sirvió para "escoltarlo" al tribunal.
Al cierre de esta edición, Avilés aún esperaba su audiencia de formalización en el centro de justicia.
Monckeberg: "No tiene explicación"
El diputado Cristián Monckeberg (RN), presidente de la Comisión Constitución, Legislación y Justicia, indicó que "es contraproducente lo que ocurre con estas resoluciones judiciales (...) Creo que es lamentable, no tiene explicación, y normalmente este tipo de resolución encuentra rectificación en los tribunales superiores. Entonces, ¿hasta cuándo los jueces de garantía van a corregir su actuar porque se lo pide la Corte Suprema?".
El diputado PPD Felipe Harboe agregó que "desde el punto de vista jurídico me parece altamente preocupante la señal de que una persona que ha confesado un homicidio, sea considerado por un juez como alguien que no reviste un peligro para la sociedad. Creo que es una pésima señal que quede citada porque no tiene antecedentes penales previos. Creo que la irreprochable conducta puede ser considerada para una condena, pero no para dejar libre a alguien que realizó un homicidio premeditado".
En la misma línea, el subsecretario Para la Prevención del Delito, Cristóbal Lira, dijo que "esto es un homicidio con alevosía, por lo tanto, esta decisión es impresentable y violenta el sentido común y el sentido de justicia". Agregó que este caso es "una impresentable decisión de la jueza".
Piden aplicar "causa probable"
Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago (Usach) y experta en seguridad, dijo que "en realidad es increíble, (aunque) probablemente está de acuerdo al proceso".
Agregó que "la prisión preventiva es justamente para este tipo de casos y en Chile se usa para un montón de delitos que probablemente no incurren en estos niveles de violencia. Una de las señales que tiene que dar el código penal es que un homicidio jamás va a ser tratado con ligereza". No obstante, la académica advirtió que "no creo que los jueces actúen de motu propio y que definan las cosas de acuerdo a su gusto personal".
La abogada dijo también que "si el mundo legislativo y político está en contra de ciertas decisiones hay que cambiar las leyes, ese es el mejor proceso".
Por su parte el abogado Jean Pierre Matus, profesor de la Universidad de Chile , indicó que la raíz del problema está en el Código Procesal Penal, donde establece que las detenciones pueden darse por dos motivos: "Por flagrancia, o que siendo citado (el imputado) no haya comparecido (...). El tribunal estimó que estas razones no se daban en esta causa".
Matus agregó que en países como Estados Unidos se aplica el principio de "causa probable", donde la policía es capaz de detener a alguien cuando hay pruebas que lo vinculan a un delito". Agregó que "la ley en este punto está mal hecha, se tiene que reformar y hacer una causa probable para evitar estos problemas".
La baja pena del homicidio
Los expertos y los parlamentarios indicaron que una de las mayores "deformaciones legales" que permiten situaciones como ésta es la baja pena que tiene el delito de homicidio.
María Elena Santibáñez, de la UC, dijo que "hay que tomar en cuenta es que en Chile, lamentablemente, el delito de homicidio tiene una pena muy baja, de entre 5 años y un día a 15 años. Es decir, similar al robo". Agregó que "para el legislador la propiedad aparece como el bien jurídico más importante más que la vida...da un poco de risa".
Por su parte Jean Pierre Matus señala que "las penas en Chile por homicidio son las más bajas del ordenamiento occidental, diría yo. No conozco ningún país europeo ni estado federal norteamericano que tenga penas para el delito de homicidio tan bajas".
Al respecto, el diputado Felipe Harboe dijo que junto a los parlamentarios Jorge Burgos y Cristián Monckeberg "presentamos un proyecto para aumentar la penalidad del homicidio. Ocurre que hoy hay una falta de proporción, porque hay delitos contra la propiedad que tienen penas hasta más altas que el homicidio, cuando lo que corresponde más es proteger la vida".
