El Mercurio
La propuesta de acortar las mallas universitarias en Chile, consideradas excesivamente largas y muy recargadas de contenidos, es uno de los puntos centrales del debate educacional hoy, y cada vez son más las voces que se alzan respecto de la conveniencia o no de esta iniciativa. Porque, en general, el promedio de una carrera en nuestro país es de 6,32 años, mientras que en las naciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) es de 4,32.
Ya a principios de año, el ministro de Educación, Harald Beyer, abrió la discusión al confirmar su intención de reducir estos tiempos, siguiendo así lo señalado por la OCDE respecto de que "Chile debería pasar gradualmente a programas de primer grado más cortos, de acuerdo con la tendencia mundial". Además, hace unos meses, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) respondió con un informe sobre el tema, que espera respuesta por parte de la autoridad.
Desde el Mineduc confirman esta idea con la creación de un Convenio de Desempeño por $50 mil millones, que dentro de sus ámbitos contempla la "armonización curricular". Esta convocatoria de planes para el mejoramiento de la educación, que se cerró el pasado viernes y cuyos resultados estarán en noviembre, contempla como una de sus bases el acortamiento de las carreras. Un requisito que generó malestar en el CRUCh.
Cuatro años en Europa y tres en Estados Unidos. Programa de pregrado en el primero y de posgrado en el segundo. Las posibilidades académicas alrededor del mundo presentan variadas combinaciones, donde ciencias jurídicas no es la excepción.
Por eso, la idea de reducir las mallas es vista positivamente por la mayoría de los involucrados, asumiéndose como un objetivo común en las facultades de Derecho. Más aún, considerando que un futuro abogado demora 18 semestres en promedio para titularse, período que incluye como obligatorios el examen de grado, que toma alrededor de un año de estudio, y los seis meses de práctica profesional.
Roberto Guerrero V., decano de Derecho de la U. Católica, comenta que se trata de "una propuesta interesante, que debe estudiarse y reflexionarse seria y profundamente, porque cualquier decisión de cambio tiene efectos significativos para la calidad de nuestra educación superior".
Una visión que comparte Juan Enrique Vargas, decano de Derecho de la U. Diego Portales, quien cree que "cinco años es mucho, asumiendo sobre todo que la formación de pregrado debe ser de carácter general y la especialización un ejercicio posterior. Ésta me parece la combinación más sensata".
A juicio de Alan Bronfman, decano de Derecho de la U. Católica de Valparaíso, reducir el plan es factible, "dependiendo de los objetivos formativos perseguidos por cada institución y escuela. Compartiendo un núcleo común de derecho privado, procesal y público, es viable que una facultad opte por una línea y concentre su currículo en tal sentido". Agrega que este acortamiento cabe dentro de la libertad de enseñanza, y "es un ámbito en el que la política pública no debiera intervenir".
Fallas desde el colegio
Los académicos se apresuran en señalar que cualquier propuesta debe considerar, entre otras aristas, el nivel con que egresan hoy los estudiantes de la enseñanza media.
Bronfman afirma que los estudiantes recién salidos del colegio exhiben "bajas capacidades de comprensión y expresión lingüísticas, desconocimiento abismante de historia y política, baja tolerancia al fracaso, y escaso o nulo dominio de una segunda lengua. En el primer año, forzosamente, tienen que enfrentar algunas de estas debilidades. Si se busca acortar las carreras, recibir alumnos bien formados facilitaría la reducción del currículo".
¿Y cómo sería este cambio? La sensación general es que no se trata de eliminar asignaturas sino que de modificar enfoques y objetivos. Una propuesta similar a lo realizado en Europa mediante el Tratado de Bolonia, "donde la carrera dura cuatro años y se le agrega un estudio de maestría, que viene a ser la especialización, la que aunque no es obligatoria, en muchos casos es exigida en el mundo profesional", dice Vargas.
Sin embargo, Guerrero recuerda "que existen voces autorizadas que reclaman por la supuesta baja en la calidad de algunos abogados, por lo que cualquier reducción en los estudios de Derecho, de aprobarse, debe necesariamente ir acompañada de elementos que cautelen un nivel alto de preparación para el ejercicio profesional".
