Diario El Mercurio
Hace algún tiempo los temas de transparencia, así como las normas que la regulan han adquirido alta prioridad, tanto en Chile como en el mundo. Son crecientes las exigencias que leyes y acuerdos imponen a las entidades públicas. Asimismo, son cada día más frecuentes las demandas de los ciudadanos, producto de su convicción acerca del derecho a estar informados de todo aquello que estiman les afecta.
Chile es un país que en los últimos años ha dado al asunto una importancia fundamental. En 1999, se reconocieron los principios de probidad e integridad internacional en el sector público, con la entrada en vigencia de la Convención Interamericana contra la Corrupción. A ello se sumó la adhesión, desde 2007, a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La dinámica legislativa se vio enriquecida al pasar Chile a ser miembro de la OCDE, lo que implicó reformas de importancia.
El resultado es positivo y se refleja en el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional en 2011, que coloca a nuestro país en la privilegiada ubicación del puesto 22 a nivel mundial, alcanzando 7,2 puntos de un total de 10. Un informe de gobernanza mundial y control de la corrupción de 2010 otorga a Chile 85 puntos de un máximo de 100, mientras el promedio en la región sólo alcanza a 60. Sin duda, son buenas noticias, sin embargo aún hay tareas pendientes que abordar.
Nuestra experiencia nos permite afirmar que en Chile, al igual que en la región y en el mundo, se tiende a vincular los temas de transparencia solamente con el sector público. De allí que resulta imperativo incorporar a las empresas y sus gobiernos corporativos como sujetos indiscutibles en el cumplimiento de estándares ya no solamente vinculados a la legislación impositiva, si no que crecientemente relacionados con las exigencias de los ciudadanos/consumidores.
Son célebres las pancartas "Con mi plata no" que manifestantes en un país del Asia exhibieron para detener proyectos de inversión cuestionados por preocupaciones medioambientales. Más allá de la legitimidad de los argumentos que expresan los movimientos sociales u otros actores, lo que ha llegado para quedarse es la creciente tendencia de la sociedad y de quienes formamos parte de ella a exigir transparencia en múltiples ámbitos, incluido el sector privado. Hasta la fecha la legislación obligaba prioritariamente al sector público. Ha quedado demostrado que las empresas y quienes las dirigen tienen una importante responsabilidad en estos temas que deben asumir con urgencia.
Empresas exitosas a nivel nacional o internacional requieren un comportamiento y gestión que deberá satisfacer las exigencias que el consumidor/ciudadano. Ellos hoy imponen conductas que van más allá de la legislación vigente. Temas como las normas de lavado de dinero, las finanzas verdes, el trabajo de niños, la adecuada participación de la mujer, la regulación del lobby, una preocupación por los niveles de contaminación son variables, entre otras, que en la actualidad es imposible de omitir a la hora de competir y ser eficientes.
Chile vive un proceso, en relación con esta materia, que implica un cambio cultural importante. En el país y en el mundo atrás quedó la idea que la información le pertenece a la empresa y a sus directivos. El paradigma es que todo aquello que importa a la sociedad le pertenece a la ciudadanía y como tal debe ser transparentado. Sin duda, las nuevas exigencias tensionan e incomodan, sin embargo, cumplirlas es el único camino para generar confianzas y alcanzar los objetivos deseados.
