Más de la mitad del territorio chileno corresponde a bienes de uso público, tales como playas, cauces de río, caminos y montañas, entre otros. Ahondar en las normativas que los rigen y los múltiples conflictos en los que se ven envueltos, fue el propósito de las II Jornadas de Bienes de Uso Público y Territorio realizadas por Derecho UC.
Reivindicar la relevancia y el rol de los bienes públicos más puros, tales como calles, caminos, plazas, subsuelo y playas, entre otros, es el objetivo de las segundas Jornadas de Bienes de Uso Público y Territorio, organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho UC.
La inauguración de las Jornadas estuvo a cargo del secretario general UC, Mario Correa; el decano de Derecho UC, Roberto Guerrero y el organizador de la actividad, el profesor Alejandro Vergara Blanco. Así como también el subsecretario del ministerio de Bienes Nacionales Juan Carlos Bulnes, quien destacó la relevancia del tema afirmando que aproximadamente "un 52% de la superficie de Chile es un bien público".
El primer panel, Matriz disciplinar del derecho de bienes públicos y patrimonio, abordó aristas vinculadas a los aspectos teóricos fundamentales del Derecho de Bienes de Uso Público. Entre ellos, los derechos reales administrativos, tema abordado por el abogado del Consejo de Defensa del Estado Rodolfo Alday. Luego, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Talca Gabriel Celis se refirió a los principios generales del subsuelo. Aunque afirmó que se trata de un concepto transversal, hizo una revisión de las tres teorías generales que se utilizan: la clásica, que propone la inseparabilidad absoluta entre suelo y subsuelo; la teoría del interés, en que el propietario extiende su derecho al espacio que subyace al inmueble en la medida que el interés y provecho o beneficio del ejercicio de su dominio lo justifica; y la menos aplicada en Chile, la concepción de la inocupabilidad, en que el propietario debe limitarse a ejercer su dominio exclusivamente sobre la superficie del inmueble.
Juan Eduardo Figueroa, abogado especialista en Derecho Urbanístico y Ambiental, hizo un análisis crítico de la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales. "Hoy, ser dueño de un monumento nacional puede ser la peor desgracia", afirmó, explicando que actualmente el propietario de un monumento nacional tiene que cumplir muchas exigencias, no puede hacer prácticamente nada en su propiedad sin autorización del Consejo de Bienes Nacionales y tampoco existe un sistema de compensaciones para el dueño. Un caso emblemático es el Palacio Pereira, muy dañado debido al terremoto de 1985 y el paso del tiempo, la inmobiliaria dueña del edificio buscaba deshacerse de la propiedad, ya que el Consejo la obligaba a restaurarla, lo que costaba cinco veces su valor; el Consejo le prohibía venderla y la empresa buscaba una compensación, finalmente se llega al acuerdo que el Fisco compra el edificio, el que será la sede del Consejo. Como afirmó el abogado, tampoco hay mecanismos de participación ciudadana y el Estado no asume costo alguno en la conservación, subrayando la necesidad de hacer una profunda reforma de Ley en esta materia.
Por su parte, el profesor Alejandro Vergara abordó el tema de la naturaleza jurídica de los senderos y huellas, ahondando en el problema que su falta de definición explícita en la legislación ha provocado una serie de conflictos. Finalmente, Alfonso Domeyko, fiscal del ministerio de Bienes Nacionales, se refirió a los bienes públicos y su régimen legal de ocupación, ahondando en los diversos organismos y normativas que regulan los distintos bienes, tales como borde costero, caminos, cauces de ríos, entre otros; además de las distintas formas que existen para ocupar este tipo de bienes, tales como permisos de ocupación, arriendos, concesiones marítimas y el sistema más exitoso a juicio del experto, las concesiones de uso, las que pueden ser a un plazo máximo de 50 años a titulo oneroso o gratuito, sólo en el caso de órganos de la administración pública o sin fines de lucro.
En el segundo panel, Administración, cuidado y problemáticas particulares en materia de bienes de uso público y patrimonio, se abordaron una serie de problemáticas vinculadas a la situación jurídica de los palafitos en Chiloé; los instrumentos de planificación territorial y borde costero; las concesiones de uso oneroso de inmuebles fiscales para el desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales; la futura Ley sobre administración de borde costero y concesiones marítimas; y la responsabilidad patrimonial por deficiente administración de los bienes nacionales de uso público.
Información periodística: Nicole Saffie, Prensa UC nsaffie@uc.cl
