Las sanciones, el mecanismo de delación compensada y el sistema de consulta de fusiones, fueron las principales materias analizadas en el seminario organizado por el Centro de Libre Competencia UC.
A fines del año pasado, a raíz de la denuncia de colusión de empresas productoras de pollos, el poder Ejecutivo creó la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre competencia, en la cual participan tres académicos UC: El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Francisco Rosende, presidente de la Comisión; el exdecano y profesor de Derecho UC Arturo Yrarrázaval; y presidente del Directorio del Centro de Libre Competencia y académico de la misma facultad, Ricardo Jungmann. Tras realizar un acucioso análisis, la comisión presentó un informe que fue revisado en un seminario organizado por el Centro de la Libre Competencia UC. En concreto, se analizaron tres aspectos de la normativa actual: las sanciones, el mecanismo de delación compensada y el sistema de consulta de fusiones.Como afirmó Francisco Rosende, promover la competencia y la búsqueda de modelos para perfeccionarla, ha sido una constante en la economía chilena. Sin embargo, los mecanismos de competencia y las estructuras del mercado han cambiado, por lo que se hacía necesaria una revisión de la actual normativa. El trabajo de la Comisión se centró en cuatro puntos: claridad del objetivo de la legislación, es decir, la defensa de la libre competencia; establecer si el cuerpo legal refleja la prioridad que se le está dando a la libre competencia; examinar en qué medida estaba funcionando en la práctica mecanismos como la detección de carteles y la delación compensada; y por último, determinar en qué medida estaban establecidas las reglas, o sea, si existía certeza jurídica.
Entre las recomendaciones que hizo la Comisión se encuentran: que las multas a las empresas envueltas en prácticas en contra de la libre competencia se establezcan en base a un porcentaje de las ventas; establecer inhabilidades a cargos de representación pública –incluyendo participación en directorios de sociedades anónimas abiertas– de aquellas personas naturales involucradas en la elaboración y/o puesta en práctica de una colusión; así como también los ejecutivos de sociedades anónimas abiertas o directivos de servicios públicos que decidan que la respectiva sociedad o entidad participe en ilícitos monopólicos, queden inhabilitados por un período de hasta 5 años para ejercer tales cargos.
Un punto polémico fue la discusión de incorporar o no sanciones penales en la legislación de defensa de la competencia. De acuerdo a sus impulsores, esta medida actuaría de un modo más efectivo la contención de las prácticas anticompetitivas. Sin embargo, como afirmó Arturo Yrarrázaval, el régimen de sanciones penales estuvo 
presente en la legislación entre 1973 y 2003, y su resultado no fue efectivo. Por otra parte, las sanciones que se han dado son menores a los máximos establecidos por ley, por lo que hay un gran espacio para aumentarlas. Por último, como explicó el académico, la falta de tipificación propia de la legislación de la libre competencia por tratarse de una normativa altamente especializada, genera un problema grave en un proceso penal.
Otro tema fueron las fusiones, práctica habitual en una economía de mercado y que apuntan a aprovechar las economías de escala, pero que existe el riesgo de que se transformen en un mecanismo para alcanzar una posición dominante o debilitar significativamente la competencia en un determinado mercado. Es por esto que existen mecanismos de control de los efectos de estas operaciones y en Chile, hay un sistema de consulta voluntaria para las empresas que participan en fusiones. A juicio de la Comisión, se debe incorporar un sistema mixto (voluntario/obligatorio), a través de un esquema de "umbrales" que definen si procede o no la consulta, lo que haría más eficiente el sistema en términos de agilidad, certidumbre y recursos.
En el seminario también participaron María de la Luz Domper, ministra titular del Tribunal de la Libre Competencia y miembro del consejo directivo del Centro de Libre Competencia UC; Felipe Irarrázabal, fiscal nacional económico; Rodrigo Álvarez, académico Derecho UC; Pedro Pellegrini, socio Guerrero & Olivos; y la directora del Centro de Libre Competencia UC María Elina Cruz.
Información periodística: Nicole Saffie
