La conferencia académica llevó por nombre América Latina en un mundo en vertiginosa transformación y tuvo como principal objetivo dar cuenta de la evolución del derecho internacional en el contexto de cambios en las dinámicas de poder global.
El profesor del Departamento de Derecho Internacional Álvaro Paúl participó en la 7ª Conferencia Bienal de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional (SLADI) 2025, que se llevó a cabo entre el 31 de julio y el 2 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay.
El encuentro llevó por nombre América Latina en un mundo en vertiginosa transformación, y tuvo como principal objetivo dar cuenta de la evolución del derecho internacional en el contexto de cambios en las dinámicas de poder global; la competencia entre las grandes potencias y la reconfiguración de las normas internacionales; el impacto de la polarización política internacional; y el rol del derecho internacional en la mitigación o el agravamiento de conflictos económicos como las guerras arancelarias.
En la ocasión, Paúl fue parte del panel titulado Nuevos enfoques sobre los sistemas de protección de los derechos humanos, en el cual también participó Joaquín Caprarulo, de la Universidad Católica de Lovaina; y Gleider Hernández, de la KU Leuven.
En su ponencia, que llevó por nombre ‘Individuals’ obligation to respect human rights: Is it comparable to that of the State?, el profesor Paúl expuso la idea de que existe una percepción común de que sólo los agentes del Estado pueden violar los derechos humanos.
Al respecto, aclaró que es cierto que algunos derechos sólo pueden ser vulnerados por el Estado, que la ley los protege de manera más estricta frente a su acción, o que en el plano interno muchas normas protectoras ni siquiera se etiquetan como derechos humanos. Sin embargo, indicó que estas razones no bastan para afirmar que los individuos están exentos de responsabilidad.
Haciendo un contrapunto con la idea anterior, Paúl señaló que los tratados internacionales reconocen que los derechos humanos son inherentes a todas las personas y se ejercen frente a cualquiera, ya sea un órgano estatal o un particular. “La jurisprudencia internacional ha confirmado esta visión al sancionar a Estados que, por omisión, no han protegido a las personas frente a abusos cometidos por privados. Esto implica que la obligación estatal no se agota en evitar violaciones directas, sino que también debe prevenir, investigar y sancionar las que provengan de terceros”, dijo.
Al finalizar su ponencia, reveló que el trabajo expuesto parte de la premisa de examinar el deber que tienen los particulares de respetar los derechos humanos y las responsabilidades que se derivan de ello, y que analiza cómo la interacción entre ciertos derechos exige matizar la manera en que se espera que Estados y privados los respeten, reconociendo que las obligaciones pueden variar según el tipo de derecho y la naturaleza del actor involucrado.
