Nueva ley en ese país crea una Superintendencia de Competencia, entidad estatal autónoma y descentralizada, con personalidad jurídica propia, encargada de la defensa y promoción de la libre competencia, que estará integrada por un directorio compuesto por tres miembros titulares y tres suplentes, designados, respectivamente, por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Pleno del Congreso de la República y la Junta Monetaria (organismo similar al Banco Central chileno).
Un rol fundamental desempeñará el Programa de Libre Competencia de la Facultad de Derecho UC en un proceso inédito que deberá implementarse en Guatemala.
Se trata de la aplicación de una ley -recientemente aprobada- que crea la institucionalidad encargada de promover la libre competencia y sancionar los atentados a la misma.
Esta normativa establece la creación de una Superintendencia de Competencia, entidad estatal autónoma y descentralizada, con personalidad jurídica propia, encargada de la defensa y promoción de la libre competencia, que estará integrada por un directorio compuesto por tres miembros titulares y tres suplentes, designados, respectivamente, por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Pleno del Congreso de la República y la Junta Monetaria (organismo similar al Banco Central chileno).
La nueva ley determina que cada una de estas entidades debe realizar un examen de conocimiento a las personas que aspiren a convertirse en directores de la Superintendencia de Competencia. Y, para ese examen, se debe contratar a una universidad con prestigio internacional y reconocida en el área de la libre competencia.
Es en este contexto en el que el Congreso de Guatemala contrató a la UC, a través del Programa de Libre Competencia de nuestra Facultad, para el proceso de evaluación de los candidatos, quienes debieron rendir el día de ayer (20 de mayo de 2025) un examen en el que se evaluó el conocimiento y aplicación, a través de casos ficticios, de aspectos jurídicos y económicos de libre competencia y de la aplicación concreta de la ley de Guatemala que sanciona atentados a dicho bien jurídico. El objetivo general del examen fue evaluar si los candidatos a director de la Superintendencia contaban con criterio jurídico y económico para enfrentarse y resolver un asunto eventualmente sancionado por su ley de competencia.
