La sesión estuvo centrada en el documento ‘Análisis de la propuesta de nueva Constitución a la luz de principios del constitucionalismo’, elaborado por siete académicos de Derecho Público de nuestra Facultad.
El pasado jueves 1 de septiembre la profesora y directora del Foro Constitucional UC, Alejandra Ovalle; el director del Programa de Magíster en Derecho, LLM UC, Miguel Ángel Fernández; y el profesor y coordinador de la mención en Derecho Constitucional del Programa, Alberto Vergara, en calidad de moderador, reflexionaron respecto al proyecto de nueva Constitución basándose en el documento ‘Análisis de la propuesta de nueva Constitución a la luz de principios del constitucionalismo’.
Dicho documento fue elaborado por siete profesores Derecho UC: Alejandra Ovalle (presidenta), José Luis Cea, Germán Concha, Arturo Fermandois, Juan José Romero, Cecilia Rosales, Sebastián Soto, y Francisco Javier Urbina (secretario técnico), y en el cual analizaron la propuesta de nueva Constitución en base a cinco principios del constitucionalismo: dignidad de la persona humana y sus derechos; soberanía, estado e integración internacional; democracia; estado de derecho; y separación de poderes, controles y contrapesos.
La profesora Ovalle comenzó explicando que “además del valor de este trabajo y del aprendizaje de cada uno de quienes participamos en el proyecto, es la diversidad de miradas la cual hizo un mejor producto”. Aseguró que el trabajo el documento es fruto de un trabajo de dos meses en la que los miembros de la comisión discutieron semanalmente la propuesta de nueva Constitución. En esta misma línea Miguel Ángel Fernández comentó que el documento “es un muy buen documento del punto de vista académico y pedagógico para aproximarse a lo que dice la propuesta porque se analiza sistemáticamente”.
Analizando el primer principio en relación al reconocimiento de la dignidad de la persona humana y sus derechos, Ovalle sostuvo que valora que la propuesta de nueva Constitución “reconozca la dignidad humana como un valor intrínseco e irrenunciable, en particular la especial preocupación respecto a la incursión de personas vulnerables o desfavorecidas”. Sin embargo, criticó que la propuesta no consagre el derecho a la vida ni tampoco incorpore un mandato de protección a la vida que está por nacer. En otro punto, valoró que la propuesta haga un reconocimiento a los pueblos indígenas además de hacer referencia a la inclusión de la naturaleza como sujeto de derecho.
En cuanto a la limitación de los derechos, la profesora Ovalle advirtió que la propuesta de nueva Constitución no contempla una cláusula general de limitación de los derechos fundamentales que establezca ciertas garantías además de otros criterios aplicables al legislador al momento de regular o limitar derechos.
A su vez, Miguel Ángel Fernández, compartió el reconocimiento que la propuesta hace al valor de la dignidad humana. En relación a la cláusula general de limitación de derechos, aseguró que la propuesta “abre un debate en cuanto a si la cláusula es potestativa o reguladora de limitación a los derechos fundamentales”.
A propósito de la organización territorial en el Estado, la profesora Ovalle planteó que fue tema de reflexión entre los integrantes que redactaron el documento en cuanto a los controles al poder. Sobre esto sostuvo que la propuesta aporta con dos innovaciones importantes que ayudan a controlar y contener el poder: la profundización de la participación ciudadana; y el Estado Regional y los mandatos por descentralizar el poder desde una perspectiva territorial.
En relación a los Sistemas de Justicia en el Estado de Derecho, y en particular a la independencia judicial, Ovalle indicó que el documento sostiene que siempre existió una discusión en materia de independencia de los tribunales “a partir del sistema de nombramiento orientada a la independencia externa, pero sobre todo a la independencia indirecta”. En cuanto a la propuesta de nueva Constitución, la profesora señaló que “lo que se hace es cambiar el modelo de nombramientos reemplazándolo por el Consejo de la Justicia”. Sin embargo, alertó que existen “cuestiones del diseño constitucional que pueden constituir un riesgo para la independencia externa del Poder Judicial”.
Finalmente, y respecto al Estado social de derecho, Miguel Ángel Fernández lo calificó como “el gran desafío del proceso constitucional” sobre todo en materia de derechos sociales e igualdad sustantiva, pero que finalmente el trabajo que entregó la Convención hace pensar que “pareciera que incluso se aleja un poco del Estado social y lo que se termina entregando en la propuesta de nueva Constitución es un estado social que no resuelve el problema y que genera una contradicción”.
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