Las académicas Marisol Peña T., María Pía Silva G., Alejandra Ovalle V., Cecilia Rosales R. y Sandra Ponce de Leon S., expusieron en tres de los cuatro paneles del encuentro.
Revisar el tema económico en la constitución, particularmente en tiempos en que se están planteando reformas constitucionales, fue uno de los objetivos principales del IV Seminario de Profesoras de Derecho Constitucional organizado por la Universidad Católica del Norte.
El encuentro, que fue inaugurado por el decano de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios, Cristián Aedo, contó con la clase magistral de la socia fundadora del estudio Jurídico Ferrada Nehme abogados, Nicole Nehme, La actual aplicación de las normas de derecho económico por los operados del derecho ¿cómo se concilia con el orden públicos económico constitucional? y la participación, en calidad de ponentes de cinco profesoras de nuestra Facultad: Marisol Peña T., María Pía Silva G., Alejandra Ovalle V., Cecilia Rosales R. y Sandra Ponce de Leon S.
La profesora Marisol Peña intervino en el marco del panel Constitución Económica y Actividad Legislativa con la charla ¿Es necesario regular la materia económica de la Constitución?, mientras que la académica María Pía Silva G. presentó la ponencia Proporcionalidad y justicia: parámetros a los que debe ajustarse el legislador al establecer tributos.
Las profesoras Alejandra Ovalle V. y y Cecilia Rosales R., intervinieron en el tercer panel de la jornada, titulado Los Principios de Constitucionalidad Económica, con las ponencias ¿Subsidiariedad o solidaridad en la materia económica?" y "Financiamiento de las Regiones, Autonomía y Estado Unitario, respectivamente.
La profesora Sandra Ponce de León, en tanto, intervino en el cuarto y último panel, titulado Las limitaciones y restricciones a los Derechos del Orden Público Económico, con la ponencia Expropiación versus limitación al dominio en relación con la procedencia de indemnización.
Durante el encuentro también se abordaron materias como los recursos naturales y el Estado, el derecho constitucional al agua, el principio de solidaridad y la Constitución y restricciones a los derechos del orden público económico, entre otros.
