En un encuentro entre ambas instituciones se abordaron las perspectivas para potenciar el actual marco de cooperación.
El programa ya cuenta con sus primeros dos capítulos: El futuro de la Iglesia Católica y El año de la geopolítica. En próximos capítulos se abordarán múltiples temas en los que las distintas unidades de nuestra Facultad han trabajado aportando a la sociedad, como “permisología”; inteligencia artificial; sequía y acceso al agua; reformas al gobierno judicial; y libre competencia, entre otros.
El académico de Derecho UC es presidente de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que patrocinó el evento. Además, presentó una ponencia titulada ‘Reconfiguración del derecho a la desconexión: análisis a la luz del debate constitucional y las recientes modificaciones normativas’.
La iniciativa busca promover y fortalecer las vocaciones judiciales de los estudiantes de pregrado de nuestra Facultad.
La actividad dio inicio al ciclo de capacitaciones de 2025 del Conservador. En su presentación, el académico de Derecho UC abordó distintos aspectos relacionados con la organización y funcionamiento del Registro Conservatorio Chileno.
Se trata de Gina Castro, Anita Rivera y Cristina Carvajal, quienes formaron parte de la delegación de funcionarios de la UC. El encuentro mundial tuvo como foco principal crear espacios de encuentro para trabajadores y reafirmar el compromiso de la Iglesia con salarios justos, condiciones laborales dignas y para que se entienda el trabajo como un camino de realización humana.
La Escuela de Derecho UC dio una charla a estudiantes interesados en hacer intercambio, con las alternativas de viajes, procedimientos de convalidación de ramos y ayudas económicas.
Expertos del mundo público y académico analizaron las múltiples interrogantes que abre la inteligencia artificial y su impacto en los sistemas democráticos.
Durante la actividad, organizada por el Departamento de Derecho Procesal y el Programa de Reformas a la Justicia de nuestra Facultad, reflexionó sobre el impacto en la seguridad jurídica y la igualdad, destacando cómo este modelo fortalece la protección de derechos fundamentales en el sistema judicial.
