El nuevo Servicio reemplaza a las antiguas Corporaciones de Asistencia Judicial y al Programa de Apoyo a Víctimas. Una nueva edición del Observatorio Legislativo del Programa de Reformas a la Justicia revisa sus detalles e implicancias.

El Observatorio Legislativo del Programa de Reformas a la Justicia presentó una nueva edición, en la que esta vez se analiza la Ley N.º 21.780, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, abordando en profundidad los fundamentos, alcances institucionales y principales hitos de la tramitación legislativa.

El nuevo Servicio reemplaza a las antiguas Corporaciones de Asistencia Judicial y al Programa de Apoyo a Víctimas, consolidando en una sola institución la orientación legal, representación jurídica gratuita y acompañamiento psicosocial, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad.

En este contexto, en este nuevo número del Observatorio Legislativo -herramienta lanzada en julio de 2024- se plantea que la nueva ley, promulgada el 6 de noviembre, constituye una de las transformaciones más relevantes en materia de justicia en las últimas décadas.

En la introducción del informe, fechado el 24 de noviembre, el profesor Hernán Larraín destaca que esta reforma marca un punto de inflexión en el compromiso del Estado chileno con una justicia más humana, inclusiva y eficaz.

Principales elementos del proyecto y su tramitación

El Observatorio describe cómo la tramitación legislativa, que se extendió por más de cuatro años, incorporó modificaciones sustantivas orientadas a fortalecer el diseño institucional del Servicio. Entre los aspectos destacados se encuentran:

- Una orgánica más robusta, con subdirecciones especializadas.

- Estándares de atención obligatorios y enfoque en grupos de especial protección.

- Incorporación de mecanismos colaborativos de resolución de conflictos y administración de la mediación familiar.

- Prioridad de atención para víctimas de delitos graves, incluyendo homicidios, delitos sexuales, robos violentos, trata de personas e incendios.

Un diagnóstico claro: brechas persistentes en el acceso a la justicia

La publicación evidencia cómo esta reforma responde a una realidad preocupante: altos niveles de victimización no denunciada, demoras significativas en la resolución de causas y desigualdades territoriales en el acceso a servicios jurídicos.

Según el informe, la nueva institucionalidad busca enfrentar estas brechas mediante una “ventanilla única” con presencia regional, una oferta de servicios coherente y estándares que aseguren atención oportuna y de calidad.

Un cambio de paradigma

Más allá de su diseño administrativo, el informe plantea que la ley representa una redefinición profunda del acceso a la justicia, señalando que deja atrás una mirada asistencialista y lo consagra como un derecho esencial y un pilar del Estado de Derecho.

Además, se agrega que el nuevo Servicio se concibe como una herramienta para asegurar tutela judicial efectiva y acompañamiento integral a quienes enfrentan conflictos jurídicos o han sido víctimas de delitos.

Información y nota: Programa de Reformas a la Justicia

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