El Mercurio
Señor Director:
La creación del primer Código de ética para el Poder Judicial, impulsada por la Corte Suprema, merece ser destacada y valorada positivamente. Ello, tras las recientes filtraciones de mensajes de texto intercambiados entre altos magistrados y abogados particulares, que han generado una preocupación legítima en la ciudadanía, afectado la reputación de nuestro sistema de justicia y sembrado dudas sobre el respeto de principios fundamentales como la imparcialidad y la igualdad ante la ley.
Especialmente preocupante resulta la posibilidad de que se generalice la idea de que algunos abogados pueden influir en las decisiones judiciales por fuera del proceso, mediante relaciones personales o afinidades políticas o sectoriales. En el corto plazo, esto puede fomentar la proliferación de abogados cuyo mérito profesional se mida más por su capacidad de lobby que por su talento para persuadir al tribunal en base a argumentos jurídicos y evidencia probatoria. Además, ello puede poner en peligro el valor de la meritocracia en la promoción de jueces, favoreciendo redes y favores en lugar de la trayectoria, la probidad y la solvencia jurídica de quienes merecen ascender en la jerarquía judicial, amén de distorsionar las decisiones jurisdiccionales.
Una materia en que puede ser especialmente útil el nuevo Código tiene que ver con el señalamiento de límites claros a las actividades y comunicaciones —personales, remotas o indirectas— que puedan sostener quienes estén llamados a intervenir en promociones y nombramientos. La incorporación de normas nacionales e internacionales sobre gestión de intereses, exigencias de transparencia y registro, y formalización de audiencias únicas multilaterales pueden ser un paso decisivo para mejorar la confianza y la imagen de nuestros tribunales.
