El Mercurio Legal
El pasado sábado 1 de marzo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, el presidente de la Corte Suprema inauguró un nuevo año judicial, dando cuenta además del trabajo efectuado por los tribunales durante 2024.
Su discurso buscó destacar —en la introducción y en el cierre— que el Poder Judicial chileno es una organización sólida, cuya principal misión es administrar justicia de manera proba y oportuna, enfrentando directamente un año 2024 marcado por “retos complejos” (derivados del caso Audios) y cuyas consecuencias institucionales más graves estuvieron asociadas a la destitución por parte del Senado de dos ministros del máximo tribunal, la remoción de uno de estos por el Pleno, y la apertura de sumarios administrativos respecto de otros dos de sus integrantes.
Junto con enfrentar directamente este complejo tema, dio cuenta de las diversas iniciativas en curso para mitigar los efectos negativos de estos graves hechos, las que incluyen una propuesta de mejora de la regulación ética de la Corte Suprema, la creación de una sección de control de gestión de causas radicada en la secretaría de esta y la participación activa en la discusión legislativa de las reformas al gobierno judicial y nombramientos judiciales (que he analizado antes en este foro, acá y acá, destacando las opiniones de la Corte en esta materia).
En este último sentido, el presidente de la Corte destacó los aportes que ha realizado el Pleno en sus pronunciamientos a los órganos colegisladores (deliberaciones en el marco de varias jornadas de reflexión), tanto generales (el último de 1 julio de 2024, Acta N° 134-2024, en línea con pronunciamientos previos, por ejemplo, Acta 187-2014, de octubre de 2014) como específicos (el último de 17 enero de este año, Oficio N° 22-2025, informando respecto del proyecto de reforma constitucional del Gobierno que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales, Boletín N° 17.193-07). Más allá de apoyar en términos generales una reforma en esta materia (que separe las funciones jurisdiccionales de las administrativas), y a pesar de plantear importantes diferencias con la propuesta de reforma constitucional de este gobierno (y con propuestas de otros gobiernos y parlamentarias en el pasado), se debe destacar el énfasis que ha venido poniendo la Corte en la necesaria gradualidad de esta reforma, comenzando por el sistema de nombramientos y dejando las otras dimensiones del gobierno judicial para pasos siguientes.
Con todo, dado que es difícil que el proyecto de reforma de gobierno judicial sea aprobado este año —considerando las complejidades propias (y adicionales) de un proceso legislativo 2025 marcado por elecciones generales—, debe ser un período provechoso para afinar los detalles técnicos de la misma, incluir las observaciones de la propia Corte y los especialistas y, más importante aún, para que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ingrese al Congreso los proyectos de reforma legal complementarios que la implementen. En esta misma línea, y como lo propuse en una reunión de decanos y académicos de facultades de Derecho con el ministro de Justicia y DD.HH. convocadas para discutir esta iniciativa en noviembre del año pasado, creo importante que, por la magnitud del cambio propuesto, debiese invitarse a la Comisión de Venecia a emitir un informe sobre esta.
Pero dando cuenta de que la judicatura no puede quedar paralizada por las consecuencias del caso Audios, y son múltiples las dimensiones y desafíos que enfrenta, destaquemos los otros componentes del discurso de inauguración del año judicial 2025.
En primer lugar, el presidente del máximo tribunal se refirió a las estadísticas de actividad jurisdiccional de 2024, destacando ingresos de tribunales de primer grado sobre los 3,1 millones de causas; términos de 2,2 millones, y la tramitación de 3 millones de causas. Asimismo, 251 mil causas ingresaron a las cortes de apelaciones del país, mientras que los términos llegaron a 239 mil. Por su parte, a la Corte Suprema ingresaron 62 mil causas, mientras los términos llegaron a 95 mil, destacándose una reducción del stock pendiente muy significativa. No es el momento para profundizar en esta cuestión, pero esta carga de trabajo de la Corte hace imposible que cumpla su rol institucional de garantizar la certeza y coherencia de este mediante la unificación de la jurisprudencia (algo sobre lo cual vengo escribiendo hace años, ver, por ejemplo, García 2009).
En segundo lugar, sobre implementación de las leyes destacó importantes reformas pendientes para la mejor administración de justicia, tales como un nuevo Código Penal, un moderno sistema de ejecución de penas y la unificación de los diversos procedimientos contenciosos administrativos. Asimismo, agregó la —a estas alturas ya tan postergada— reforma procesal civil (RPC).
Quisiera detenerme un momento en la RPC. Esta me recuerda dramáticamente mi propio rol en los comienzos de una discusión que se extiende hace ya casi dos décadas, cuando junto a otros colegas de Derecho UC presentamos, a finales de 2006, uno de los primeros libros (quizás el primero), con el aporte de más de 20 especialistas, para pensar las bases conceptuales y de diseño de esta (ver, por ejemplo, reseña de Palomo 2007 sobre esta obra). Debo reconocer que este recuerdo dramático (la postergación de esta reforma por casi 20 años) contrasta con los importantes esfuerzos —infructuosos, por cierto— de varios ministros de Justicia de diferentes gobiernos y signos políticos por persuadir al Congreso acerca de su prioridad y urgencia.
En tercer lugar, el presidente del máximo tribunal destacó diversos esfuerzos e iniciativas en materia de acceso a la justicia en ámbitos tales como grupos vulnerables, lenguaje claro, igualdad de género y no discriminación, derechos humanos, y niños, niñas y adolescentes.
Luego, destacó numerosos hitos del trabajo institucional, principalmente vinculado a los diversos comités de la Corte Suprema, y, luego, en materia de dudas y dificultades en la inteligencia y aplicación de las leyes, destacó criterios jurisprudenciales relevantes asentados en 2024 en las diversas salas de la Corte en asuntos complejos.
En este sentido, y por ejemplo, la Tercera Sala (constitucional/contenciosa-administrativa) “reiteró la necesidad de efectuar la consulta indígena cuando exista susceptibilidad de afectación de comunidades, conforme al Convenio N° 169 de la OIT. En cuanto a las medidas de protección a personas privadas de libertad, particularmente adultos mayores, instruyó que se resguarden especialmente sus derechos y dispuso la elaboración de protocolos de atención sanitaria y cuidado a su respecto. En libre competencia se reforzó la aplicación de la regla honor all cards por parte de los comercios, que consiste en la prohibición de condicionar el pago sobre la base de distinción del tipo de tarjetas. En materia de expulsión de extranjeros mantuvo el criterio de exigir a la administración tener en consideración los deberes de protección de la familia como núcleo central de la sociedad, la unidad familiar y el resguardo del interés superior del niño. Se reiteró el deber de un adecuado trato y respeto a la diversidad sexual y de género en la esfera educacional, reconociendo la importancia de la educación para lograr la progresividad en los cambios que se pretende, lo cual importa la necesidad de capacitación de toda la comunidad universitaria respectiva”.
No es el momento para examinar esta jurisprudencia y/o criterios, sin embargo —y más allá de un sesgo personal como abogado que ejerce en materias de Derecho Público y al que, en consecuencia, le es especialmente cercana y relevante la jurisprudencia de la Tercera Sala—, se trata de una instancia cuya integración en 2025 cambiará de manera importante ante la salida de los ministros Muñoz y Vivanco, vacantes cuyos procesos de reemplazo ya han comenzado (ver, por ejemplo, la quina propuesta por la Corte Suprema para ministro externo en reemplazo de la ministra Vivanco, respecto de la cual el Presidente de la República aún no se ha pronunciado, suponemos, a la espera de la conformación de la quina que debe elaborar la Corte respecto del reemplazo del ministro Muñoz); por lo demás, quedando cupos de ministros titulares por llenar, el último, por la vacante dejada por el ministro Fuentes (por cumplimientos de límite de edad de 75 años).
Los cambios en la integración de la Corte fueron abordados también por el presidente en su discurso, destacando que con el ingreso de las ministras González y López primera vez en su historia el máximo tribunal lograba una integración paritaria. Asimismo, recordó el fallecimiento a fines del año pasado de la ministra Morales, primera mujer ministra titular de este.
Finalmente, antes de concluir, se refirió a los desafíos del bienio 2024-2025. Destacó, por ejemplo, iniciativas en curso en materia de inteligencia artificial y transparencia; pero, más importante aún, dio cuenta de la etapa final del Plan Estratégico 2021-2025 y la elaboración este año del Plan 2026-2030. Un aspecto interesante en esta materia son los proyectos de continuidad entre planes. Sobre este asunto destacó que se trata de “Conecta PJUD, el fortalecimiento de la cultura organizacional, la comunicación accesible e inclusiva a usuarios del Poder Judicial, la incorporación de herramientas de gestión administrativa y los ajustes a sistemas informáticos del Poder Judicial por requerimientos de entrada en vigor de nuevas leyes”.
El 2024 fue calificado a finales del año pasado por la ministra vocera Soledad Melo como “el peor que ha tenido que vivir el Poder Judicial y la Corte Suprema en su más de 200 años de existencia”. En realidad, aún no sabemos si este annus horribilis (y sus consecuencias institucionales) ha terminado (piénsese solamente en el sumario administrativo que enfrentan dos ministros de la Corte); sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, en su discurso de inauguración del año judicial 2025, tuvo el coraje de enfrentar directamente la gravedad de los hechos ocurridos el año pasado y que golpearon directamente al máximo tribunal, dar cuenta de las medidas que se están adoptando para mitigar y corregir lo sucedido, sin perder de perspectiva todas las otras dimensiones y tareas en que nuestro país requiere de una judicatura independiente, proba y eficiente, imperativos de un Estado de Derecho en forma y una democracia constitucional desafiada por la desconfianza ciudadana y que enfrenta un orden internacional.
