Diario Financiero
Cuando hablamos de listas de espera rápidamente pensamos en salud, educación, o tal vez vivienda. Sin embargo, hoy vemos más que nunca como la lista de espera en materia de justicia crece y crece, transformándose en un dolor para las personas como individuos y para la sociedad en su colectivo.
A estas alturas, ya es indiscutido que tanto para la gobernabilidad como para la estabilidad y crecimiento de un país se requiere que la justicia se administre por un sistema que genere confianza, que sea imparcial e independiente y, por supuesto, que llegue a tiempo.
La encuesta del Centro de Estudios Públicos -N°895, publicada en julio de 2023- arrojó que los tribunales de justicia alcanzaron solo un 16% de confianza ciudadana. Por su parte, en los estudios del World Justice Project llama la atención el lugar 96 entre 142 que ocupa Chile al momento de evaluarse la seguridad de las personas y debida protección al derecho de propiedad, donde se aprecia una caída de 36 puestos en 9 años.
Más preocupante es aún la posición 129 (de 142) respecto del subfactor 'las personas no recurren a la violencia para reparar agravios personales', lo que es espejo de la espera que existe cuando se busca justicia en el sistema formal.
Pero no solo lo orgánico es importante, lo es también el tipo de procedimiento que contempla la legislación que permite que las pretensiones de las personas puedan ser conocidas y falladas en tiempos razonales y que trae aparejada confianza en el sistema que aplica la ley para todos y no solo para algunos que pueden esperar por años que sus temas se resuelvan.
La definición extraída de la declaración de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, de Cancún, noviembre de 2002, señala que el acceso a la justicia 'es el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial'.
En este entendido, Chile está al debe en sus reformas al sistema que, por una parte, transmita confianza en la institucionalidad que administra justicia, reformando el gobierno judicial, en especial en el rol que cumple la Corte Suprema diferenciando la función administrativa de la judicial y la gran reforma pendiente en el sistema procesal civil, que incluye la mediación como mecanismo para resolver conflictos.
Ahora depende de los legisladores avanzar con los proyectos y así hacerse cargo, en gran medida, de la lista de espera que tiene a la justicia en Chile cuestionada en el fondo y en la forma.
