El Mercurio
Señor Director:
Para todos quienes nos dedicamos al Derecho, es imposible dejar de reflexionar sobre las medidas propuestas por el ministro Cordero para que todos los actores que intervienen en la justicia penal se hagan responsables de la sobrepoblación penitenciaria. Sin duda, este es un problema grave, que tiene enormes consecuencias para los imputados, sus familias y la sociedad entera. No obstante, la solución planteada puede ser dañina para el Estado de Derecho.
No corresponde poner sobre los hombros de los jueces y fiscales un problema de política pública, para que ellos lo consideren en el marco de sus actuaciones judiciales, como, por ejemplo, en sus decisiones relacionadas con las prisiones preventivas. La información sobre la ocupación carcelaria nada aporta sobre el delito, ni sobre la posibilidad de que la libertad del imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o la persecución penal. Por el contrario, asumir su responsabilidad en esta materia puede convertirse en una presión moral que afecta la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público.
Existen otros canales, distintos de los planteados por el Gobierno, para que jueces y fiscales contribuyan a resguardar los derechos de las personas privadas de libertad. La principal responsabilidad de la situación de las cárceles es de la administración que se encuentra bajo el ministerio y de los legisladores. La solución al problema de la sobrepoblación penitenciaria y sus condiciones materiales, no debe transgredir el objeto del proceso judicial ni afectar la imparcialidad de las instituciones intervinientes en él.
