El Mercurio
“No creerás lo que acaba de pasar, revela secretos impactantes que lo cambiarán todo”, dice una publicación de X (ex Twitter) acompañada de una imagen alterada de una supuesta detención del periodista y conductor de programas de CHV Julián Elfenbein.
La publicación está identificada como un anuncio y a través de ella se puede acceder a un link en el que, imitando la imagen de Radio Bío-Bío, se puede leer una entrevista, también falsa, del animador.
“Te diré lo siguiente: para ser rico, no hay ninguna necesidad de trabajar. Cuando te das cuenta de esto, comienzas a relacionarte más fácilmente con el dinero”.
Una vez que se logra captar la atención del lector, la página deriva a un sitio de inversiones.
Hace algunos meses, el Presidente Boric, el periodista Daniel Matamala y el empresario Leonardo Farkas, también fueron protagonistas de una estafa similar, en la que con videos alterados a través de inteligencia artificial (IA) se promocionaba una plataforma de inversión, que incluso tuvo versiones en otros países como México, donde se usó el rostro del Presidente López Obrador y del empresario Carlos Slim.
Este tipo de estafas no son un fenómeno nuevo. Ya en 2019, El Polígrafo reporteó publicaciones que, usando el logo de CNN, promocionaban supuestas entrevistas de periodistas como Carolina Urrejola, Soledad Onetto o la conductora Tonka Tomicic, promoviendo inversiones en cremas faciales “milagrosas”... y en 2018, una figura similar, pero a través de la venta de criptomonedas con el empresario Andrónico Luksic y el exfutbolista Iván Zamorano.
La fórmula es la misma, pero el escenario ha empeorado por dos condiciones: la irrupción de la inteligencia artificial (que permite desarrollar imágenes y videos con más facilidad) y la falta de regulación de las plataformas, especialmente de X, que hace más de un año despidió a su equipo de moderadores.
En España, incluso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores abrió una investigación en noviembre de 2023 contra X, “por permitir la difusión de publicidad de criptomonedas y otros productos financieros ilícitos”.
En Chile, la PDI asegura que recién hace seis meses comenzaron a investigar este tipo de actividades.
El comisario Juan Valdenegro, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI, explica que han detectado que, pese a que varían las formas, “el fin siempre es provocar una estafa mediante una publicación de interés, con grandes ganancias”. Detalla que las transferencias son hacia el extranjero y que quienes están detrás de este fenómeno generalmente están en Europa o Centroamérica.
Los expertos comparten que este no es un fenómeno nuevo, sino que existen nuevos matices. Ricardo Seguel, director del Magíster en Ciberseguridad de la UAI, recuerda que desde los inicios de internet existe el fraude por medio de avisos y links engañosos, pero que “el volumen de este tipo de engaños sigue creciendo año a año y más aún con la capacidad que hoy entrega la IA para generar muy rápido y fácil este tipo de fake news”. Y concuerda en que otro factor son las normas de las redes sociales que “tienen términos de uso que generalmente declaran que no se responsabilizan de la distribución maliciosa de noticias falsas y se reservan el derecho de eliminar ese contenido”.
Michelle Azuaje, académica e investigadora de propiedad intelectual y derecho digital de la UAH, destaca dos factores de lo que califica como “falsificaciones ultrarealistas”. “Son nuevos tipos de falsificación o nuevas formas de defraudación, pero que no siempre van a ser fáciles de perseguir o castigar, porque quizás nos quedamos sin legislación o sin recursos técnicos para poder detectarlos”, aunque recuerda el debate que generan las regulaciones en torno a este tema, por la afectación a la libertad de expresión.
Respecto de la promoción en X de este tipo de contenidos, explica que “algunas plataformas tienen entre sus políticas medidas que buscan salvaguardar la veracidad de sus publicaciones, moderar contenidos y evitar que se propague el contenido falso, pero este caso es una muestra más de su incapacidad para combatir suficientemente el fenómeno de las fake news que se agrava más cuando tienen la etiqueta de publicidad y logran llegar a más personas”.
Sobre la regulación, Paulina Silva, abogada especialista en derecho informático y socia de BitLaw, sostiene que esta figura, como muchas otras, muestra que no necesariamente el mundo de la ciberseguridad coincide con el de los delitos informáticos. Para ella, estas publicaciones son propias del “tradicional delito de estafa del Código Penal”. “La particularidad de desplegarse el delito en una plataforma digital no lo transforma necesariamente en un delito informático. La Ley de Delitos Informáticos tiene por propósito resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos o de los sistemas informáticos. Un fraude informático, por ejemplo, requiere la manipulación de un sistema informático a través de introducir, alterar, dañar o suprimir un dato informático. Nada de esto ocurre acá, donde el estafador creó una página sin alterar otros sistemas”.
Comparte la visión Verónica Rosenblut, académica de Derecho UC experta en derecho penal, quien también cree que se trata del delito de estafa, aunque reflexiona si incluso podrían darse otros tipos legales, como usurpación de identidad o, incluso, en caso de que se afecte la honra, se pueda sancionar por injurias o calumnias, aunque explica que la dificultad de dar con los responsables desincentiva la denuncia.
“En todos los casos en que los delitos se cometen a través de medios o en ámbitos virtuales, el afectado y el sistema penal enfrentan la dificultad de lograr identificar a la persona que realizó la conducta que contiene el engaño y el lugar desde donde se cometió, existiendo cada vez más técnicas o herramientas digitales por medio de las cuales quienes están detrás de estos delitos pueden ocultar su ubicación o identidad, lo que evidentemente desincentiva la denuncia y persecución penal de estos casos”.
Pablo Trigo, investigador del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la U. de Chile, recuerda que la regulación de desinformación en plataformas digitales ha sido ampliamente discutida, “pero se pone el foco en la necesidad de intervención cuando hay ineficacia por parte de la plataforma para abordar adecuadamente estos problemas, incluyendo el bloqueo y eliminación de contenidos, multas y restricciones de acceso. Además, recalca la importancia de la alfabetización digital para que los ciudadanos puedan evaluar mejor la desinformación, “teniendo presente que las noticias falsas explotan los atributos personales de los usuarios para promover su difusión”.
